A sólo unas semanas, pareciera haber transcurrido una eternidad cuando recibimos la triste noticia desde la localidad de Arroyo Seco, Santa Fe, que Giuliana Maldován, de tan sólo veinte años, había fallecido en el marco de las denominadas "fiestas electrónicas" presuntamente por haber consumido algún tipo de sustancia, "droga" como lo solemos llamar.

Cuando se hacía un recorrido por distintos medios de comunicación, se abordaban las fiestas electrónicas en sí mismas, las drogas, el narcotráfico, la policía, el rol del Estado, la familia de la víctima y, por supuesto, Giuliana, y con ella "los jóvenes".

En esos días, un artículo publicado en este mismo medio, se tituló "Fiestas electrónicas: los responsables de las muertes son los propios drogadictos" sobre la base del derecho de toda persona a disponer libremente de su cuerpo, siempre y cuando no se afecte a un tercero.

Es sabido "por sentido común" que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Ahora bien, veamos la siguiente situación que puede ayudar a repensar ese sentido común: Una madre llega a su casa y se encuentra con su hijo (de unos veinte años, todavía en el hogar familiar -situación más que habitual-) a punto de lastimarse (el más extremo sería el intento de suicidio).

¿Qué debe hacer esa madre? ¿Intentar frenar la acción de su hijo o respetar el derecho de aquél de disponer de su propio cuerpo?

Creo que si bien no se puede pensar la política pública, en este caso en el área de los consumos problemáticos de sustancias, desde una particularidad, no menos cierto es que el criterio que subyace al ejemplo es el cuidado de la vida de las personas que debiera estar por encima de cualquier 'derecho individual'.

Desde esta perspectiva, entendiendo a la salud como un tema social, se puede pensar en diferentes niveles de responsabilidad frente a lo sucedido en Arroyo Seco.

Pero pensemos desde la lógica meramente individualista y que independientemente de los condicionantes pone en los hombros de la víctima la total responsabilidad y preguntémonos: ¿Sabía la víctima sobre el tema? Si sabía, ¿qué es lo que nuestra sociedad no está haciendo del todo bien y que lleva a que una joven decida jugar con su salud, con su vida?

Si no sabía, ¿qué responsabilidad tienen la familia y en menor medida las amistades, y cuán preparados estaban ellos en el tema? ¿qué responsabilidad tiene la escuela, por lo tanto el Estado? ¿qué responsabilidad tiene el organismo de control de estos eventos, por lo tanto el Estado? ¿qué responsabilidad tiene la policía, por lo tanto el Estado? ¿cuántas campañas de prevención hubo en la vida de Giuliana, por lo tanto cómo el Estado intentó llegar con un mensaje claro sobre el tema? ¿qué responsabilidad tiene el bombardeo publicitario y los medios masivos de comunicación, como así su control por parte del Estado?

Como vemos, el Estado, siempre tiene un nivel de responsabilidad que va más allá de la libertad de decisión del individuo, en la que no debe involucrarse. El gobierno a cargo del Estado tiene una responsabilidad: definir y actuar en consecuencia en lo que sea mejor para el bien común.

Por supuesto que quien escribe estas líneas es un convencido de la necesidad de cualquier sociedad de tener un Estado presente que haga todo lo que está a su alcance (que es mucho más de lo que nos quieren hacer creer) para lograr esa utopía del 'bien común', que en materia 

de consumos de sustancias hay un largo camino por recorrer, y no un Estado que deja en manos de los privados (si es que el área en cuestión es económicamente redituable) o simplemente a que cada uno haga con lo que tiene lo que pueda.

Quienes alguna vez trabajaron con personas con problemas de consumos de sustancias, saben de la importancia de fortalecer la interioridad desde el fortalecimiento de los vínculos. La vincularidad es fundamental, y por eso es negativo para la persona cualquier tipo de estigmatización, de etiqueta negativa por el problema que está atravesando. No hablamos de enfermo ni de drogadicto, sino de Ludmila, Joel, Santiago, Mariana… sujetos con derechos, con derecho a una vida plena.

El Dr. Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Bs. As. y titular de la cátedra de toxicología de la carrera de medicina de la UBA expresa claramente que nunca el problema es la sustancia, sino la relación que un sujeto, en un contexto determinado, inicia y mantiene con dicha sustancia. Por eso, podemos asegurar que es imprescindible poner al ser humano en el centro y toda política pública debería apuntar en esa dirección.

¿Cuál es esa dirección entonces? La de la inclusión social. Porque, como bien argumentó Juan Carlos Molina, ex titular de la SE.DRO.NAR., en 2014: "la importancia de la inclusión social radica en su capacidad concreta de modificar la realidad objetiva de los sujetos".

Poner la responsabilidad absoluta en el sujeto que consume, no sólo es tirarle un adoquín a quien se está ahogando, sino creer que sólo tienen que sobrevivir los más aptos, los más fuertes.

Esta postura es opuesta a la que los 34 países (miembros) del continente en mayo de 2014 en Washington, en la Reunión de Expertos en Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD - OEA), acordamos trabajar, basada en el cambio hacia un paradigma basado en los Derechos Humanos.

Para concluir, y a modo de reflexión final, un fragmento de las palabras que Molina enunció ante la OEA y que definen un derrotero claro en política pública en materia de consumos problemáticos de sustancias:

"No debemos buscar solamente la reducción del daño en la salud, sino que el objetivo sea crear las condiciones y oportunidades necesarias para lograr la plena integración social del sujeto a partir del diseño e implementación de una política social esencialmente liberadora que le permita soñar con un proyecto de vida en el que pueda desarrollarse plenamente".

(*) Educador. Ex Director Nacional de Prevención de las Adicciones de la SE.DRO.NAR.