Casi 7.000 armas de fuego fueron destruidas esta mañana en una planta siderúrgica de la localidad de Campana, con lo que el gobierno nacional ya superó las 130.000 piezas eliminadas y sacadas definitivamente de circulación en el marco del Plan Nacional de Desarme Civil.

El procedimiento fue supervisado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, responsable del programa, que estuvo acompañado por el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal; por el director del Registro Nacional de Armas (RENAR), Andrés Meiszner; por el secretario de Asuntos Registrales de la Nación, Oscar Martini, y por representantes de la Red Argentina para el Desarme, organización no gubernamental que apoya el programa oficial.

El operativo recibió la adhesión de la Asociación Civil Alfredo Marcenac, una ONG que apoyó y difundió el programa desde su nacimiento, y contó con la presencia de representantes de diferentes cultos religiosos que también promueven el desarme (entre otras organizaciones, Religiones por la Paz y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina).

"Hoy procedemos a la destrucción y fundición de casi 7.000 armas de fuego que provienen del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal", explicó Alak, y agregó que "estas piezas habían sido secuestradas a delincuentes y han sido parte de causas judiciales que ya recibieron sentencia firme".

"Es un paso importante que contribuye a la seguridad de los argentinos, porque cuando hay menos armas disminuye notablemente la frecuencia de los homicidios dolosos", sostuvo el ministro, y precisó que "dos tercios de los homicidios se producen por conflictos entre personas conocidas y no en ocasión de otro delito, como un asalto, por cuanto esos homicidios se evitarían si no hubiese armas a mano, como también muchos suicidios compulsivos, sobre todo en adolescentes, y accidentes de personas que manipulan esas piezas sin la preparación necesaria".

AN