El coordinador de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, brindó detalles sobre la denuncia penal que presentaron ante la justicia por la posible violación, por parte de agentes de fuerzas de seguridad, a la normativa nacional de seguridad por las filmaciones en las manifestaciones públicas convocadas por organizaciones de derechos humanos. 

En diálogo con Radio Provincia 1270, explicó que desde la CPM se releva el desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas. Aclaró que “esto lo hacemos como mecanismo de prevención de la tortura de la Provincia con la inclusión del Comité Nacional y en ese marco “relevamos todas las acciones ilegales en el contexto de las manifestaciones públicas”.

Seguido, indicó que recientemente se presentó un informe donde quedan de manifiesto situaciones de “inteligencia con personal policial no identificado dentro de las manifestaciones y, a la vez, la filmación y captación de imágenes en el contexto de manifestaciones públicas por parte de los agentes de las distintas fuerzas públicas”.

Remarcó que en la actividad que se realizó en el exEsma por las denuncias de vaciamiento y despido de empleados de la secretaría de DD.HH. el viernes 23 de diciembre “nos llamó la atención la presencia de 2 hombres que tenían proximidad con el personal policial. Una de esas personas se va hacia el interior del edificio donde se realizaba la manifestación”. Reveló que no pudieron confirmar que se tratara de personal policial. Sin embargo, detalló que “preguntamos si eran personal policial y nos respondieron que no y que todo el personal policial de la Ciudad estaba identificado. Ante esta respuesta nos acercamos a esas personas para preguntarles cuál era el motivo de su presencia”.

Pomares sostuvo que “queremos saber cuál era la orden de servicio concreto de estas personas”, en el marco de una manifestación pública porque “no hay orden ni normativa para que puedan estar en una manifestación pública”, es por ello que se realiza esta denuncia ante la posible detección de “una posible violación a la normativa de inteligencia nacional que veda la realización de tareas de inteligencia a organizaciones sociales y en el contexto de manifestaciones sociales por el sólo hecho que estas personas participen de ellas”.

“Otra cosa que detectamos es que se filman todas las manifestaciones públicas y queremos saber cuál es el destino de esos registros porque no hay una orden de servicio que justifique la capacitación de imágenes en manifestaciones públicas. Eso genera base de datos y es ilegal y contrario a la ley de inteligencia”, denunció.

Por otra parte, destacó que “sería importante que se diga qué se hace con esas filmaciones y saber qué se hace con ellas. Todas estas son preguntas válidas porque sabemos que la inteligencia ilegal en nuestro país ha sido transversal tanto en dictadura como en democracias”.

Por último, remarcó que “creemos que la Justicia debe detectar y determinar quiénes son y cuál es el objetivo y la orden de servicio. “Esta denuncia se junta con otras y de confirmarse el tipo de tareas que realizan es gravísimo y es algo que no debe ser naturalizado porque sería admitir que las agencias estatales realicen tareas represivas y sean registrados y observados por el Estado”, cerró.