El Senado de la Provincia, que conduce la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, aprobó la modificación al régimen jubilatorio del Banco Provincia.

El proyecto, remitido por el gobernador Axel Kicillof, restituye el 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios de los trabajadores del Banco Provincia y el 75% para las pensiones. También restablece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres al eliminar la normativa que igualaba a ambos géneros en 65 años.

A su vez, la iniciativa repone derechos que garantizan e incrementan la fuente de financiamiento y, en consecuencia, proyecta una reducción del déficit en relación con la derogada ley Nº 15.008 aprobada en 2017 durante la administración de María Eugenia Vidal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados contempla la ampliación del aporte de las personas afiliadas activas, que pasará del 14 al 16%, la suba de las contribuciones obligatorias del banco, que ascenderán al 21%, y un nuevo régimen para ingresantes con 19% de aportes personales.

El 14 de marzo de 2023, la Suprema Corte bonaerense suspendió la ley N° 15.008 con el objetivo de evitar perjuicios “de difícil reparación ulterior” e instó al sistema político a confeccionar un nuevo marco legal.

Promoción de inversiones en territorio bonaerense

Durante la sesión, el Cuerpo votó favorablemente también el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, enviado por el Poder Ejecutivo, con el fin de promover la inversión en sectores clave para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa apunta a la creación de empleos de calidad, el desarrollo de proveedores locales, la transferencia de tecnología, el impulso de las exportaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.

Con este nuevo marco regulatorio, se priorizarán iniciativas que abarquen la generación de nuevos procesos productivos; la construcción de plantas o ampliaciones de instalaciones ya existentes dentro de los sectores vinculados a servicios, industria manufacturera, o de uso intensivo de recursos naturales; y proyectos considerados estratégicos.

De acuerdo al proyecto, las propuestas aprobadas serán beneficiadas con exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. Los proyectos con inversiones desde US$5 millones hasta US$50 millones podrán acceder a un 30% durante cinco años; mientras que para aquellos que alcancen inversiones de entre US$50 millones y US$200 millones, el beneficio será del 25% durante cuatro años. En el caso de las inversiones superiores a los US$200 millones, la exención será del 20% durante tres años.

Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones; potencien la innovación tecnológica; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales.