En el marco de la causa judicial que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante contra los imputados que ya fueron identificados. 

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, con acusaciones anónimas y otras hechas por personas que se identificaron, quienes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales. 

Tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático. 

En virtud de ello, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los siguientes imputados ya identificados: Jeremías CANTERO, Elizabeth del Carmen PALMA, Gianna PUPPO, María Isolda DOTTI, Iván Ezequiel CANDOTTI, Gustavo Guillermo VÁSQUEZ, Carlos FERNÁNDEZ KOSTIUK, Gloria PARAGUAY ESTRADA, Dina Patricia IRAMAIN, Brisa Noelia PAUCARA CHOQUE, Ronald VARGAS ROCABADO, Elizabeth Galindo MAMANI, Cinthya DELGADO VILCHES, Lesli SALIRROSAS CASTILLO, Damariz Erika VILLAFUERTE, Blanca Beatriz CHUQUIMIA TARQUINO, Gloria JARAMILLO MORALES, Lucca Philippe QUISPE RASHUAMAN, Yoao Ariel ESCOBAR ROJAS, María Cecilia COWPER, Mercedes FOSSAT, Manuel ALONSO, Lorenzo “Toto” MARTELLI, Leticia Maribel DUARTE ROMERO, Ada Mabel VERA PERALTA, Nilsa Elena TORRES, Rossmery GRANDE ARANCIBIA y Nery ACHA DAZA; como así también respecto de las personas que, con el avance de la pesquisa, resulten identificados como autores, coautores, cómplices o encubridores de los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado (arts. 149 bis, segundo párrafo, 168, y 174, inc. 5to. del Código Penal de la Nación), y los que surjan con las medidas a desarrollarse en autos, como podría ser el delito de asociación ilícita previsto en el art. 210 del Código Penal de la Nación.