Los trabajadores agrícolas temporales tendrán más protecciones legales contra represalias de sus empleadores, condiciones de trabajo inseguras, prácticas ilegales de contratación y otros abusos, de acuerdo con una norma del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Cada año, cerca de 300.000 migrantes, principalmente mexicanos, realizan trabajos de temporada en granjas estadounidenses. La nueva norma, que entrará en vigor el 28 de junio, se centra en los abusos que experimentan quienes trabajan en el programa H-2A y que socavan los estándares de trabajo justo para todos los trabajadores agrícolas.

La secretaria interina del Trabajo, Julie Su, dijo que la norma tiene el objetivo de “dar vida” a las protecciones existentes para los trabajadores.

“El propósito de nuestra norma es dar a los trabajadores del programa H-2A una mayor capacidad para defenderse y levantar la voz cuando experimenten abusos laborales”, dijo Su en un viñedo de Santa Rosa, California, al norte de San Francisco.

California cuenta con una vasta industria agrícola, produce más de un tercio de las hortalizas y casi tres cuartas partes de las frutas y frutos secos del país, y atrae a un gran número de trabajadores agrícolas.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció en septiembre una propuesta para la nueva norma, diciendo que ésta mejoraría los requerimientos de seguridad de las granjas y aumentaría la transparencia sobre la forma en que se contrata a esos trabajadores a fin de combatir el tráfico de personas.

El Departamento del Trabajo está obligado a garantizar que el programa H-2A no perjudique los salarios ni las condiciones de trabajo de los estadounidenses que realizan trabajos similares. Los patrones están obligados a pagar el salario mínimo en Estados Unidos o más, según la región. También deben proporcionar alojamiento y alimentación a sus trabajadores temporales.

Los reportes de vehículos sobrecargados de trabajadores y de decesos han aumentado a la par del número de trabajadores temporales, señalan los funcionarios. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte de los trabajadores agrícolas.

La nueva norma exigirá a los agricultores que empleen trabajadores con visas H-2A que se aseguren de que las furgonetas y autobuses que utilizan para transportar a los trabajadores largas distancias —que a menudo son conducidos por trabajadores cansados— tengan cinturones de seguridad para todos los pasajeros.

La nueva norma también protege a los trabajadores agrícolas temporales contra las represalias de los empleadores si se reúnen con proveedores de servicios jurídicos o representantes sindicales en el alojamiento proporcionado por el empleador. También los protege contra las represalias si declinan asistir a reuniones forzosas organizadas por el empleador.

En una medida cuya intención es contrarrestar el tráfico de personas, los empleadores deberán identificar a cualquier persona que contrate trabajadores a su nombre en Estados Unidos u otros países y proporcionar copias de cualquier acuerdo que tengan con tales reclutadores.

Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers, dijo que la norma ayudará a evitar los abusos de los patrones, ya que aquellos que infrinjan la nueva norma no podrán volver a utilizar el programa. Indicó que si los empleadores están obligados a revelar sus contratos con sus agentes, será más fácil identificar a los infractores.

“En muchos casos, los empleadores se llevan sus documentos y tienen que pagar una deuda que contrajeron con reclutadores que lamentablemente no son éticos y cobran enormes cantidades de dinero por los trabajadores”, dijo Romero.

La propuesta generó cerca de 13.000 comentarios públicos, entre ellos algunos de grupos industriales que dijeron que los nuevos requisitos regulatorios son excesivos. Ted Sester, propietario de un vivero mayorista en Gresham, Oregon, dijo que dichos requisitos están llenos de “excesos regulatorios”.

El Consejo Horticultor del Noroeste dijo que la norma “hace que el complejo programa H-2A resulte aún más difícil de utilizar para los productores, al tiempo que aumenta el riesgo de que éstos puedan perder el acceso al programa sin ser capaces de ejercer el debido proceso, lo que es una sentencia de muerte para los cultivadores de árboles frutales del noroeste que lo utilizan”.

Los defensores de los derechos laborales elogiaron vehementemente la norma.

“Los trabajadores agrícolas temporales son algunos de los más vulnerables de Estados Unidos, pero esta norma empodera a los trabajadores del programa H-2A para hacer frente a algunos de sus más grandes desafíos”, dijo el viernes el Caucus Laboral del Congreso, compuesto por cerca de 100 miembros del Congreso de inclinación prosindical. (LAT)