El precandidato a jefe de Gobierno por Republicanos Unidos (RU) y legislador porteño, Roberto García Moritán, denunció penalmente al líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, por el corte de la Avenida 9 de Julio y sus arterias, y a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, "por no denunciar la toma parcial" del propio edificio de la cartera que conduce.

El diputado acompañó la denuncia con un escrito en el que aseguró que "los manifestantes no sólo obstruyeron la normal circulación por la Avenida 9 de Julio y arterias que la cruzan, sino que algunos de ellos, liderados por el denunciado Eduardo Belliboni, procedieron a tomar por la fuerza algunas oficinas públicas en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, impidiendo la actividad de los funcionarios públicos por aproximadamente siete horas".

En tanto, el partido responsabiliza a Tolosa Paz por negar los acontecimientos y no tomar medidas para evitar la toma de un edificio público: "Si los manifestantes impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habría configurado un atentado a la autoridad (CP. Art. 241), por lo que correspondía a la titular del Ministerio instruir que se realice la correspondiente denuncia", remarca el escrito presentado.

Por último, este documento refresca el art. 194 del Código Penal, el cual "reprime con prisión de tres meses a dos años, al que 'sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas'".

El documento también lleva las firmas de José Magioncalda, Milena Rendrich, Javier Romano y Yamil Santoro, entre otros.

Cabe destacar que García Moritán presentó un proyecto de reforma constitucional en el cual hace hincapié en desterrar piquetes y cortes que impidan la libre circulación. En ese proyecto de reformulación, el legislador expuso que "el Estado se encarga de asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin perjudicar los derechos de los demás" y, por tanto, se establecerán "mecanismos legales para proteger el derecho a la paz social y la convivencia". (Parlamentario)