En medio del conflicto salarial que desde hace más de dos meses se instaló en el Poder Judicial, una jueza platense dispuso que todos los tribunales de la Provincia deben estar en pleno funcionando y que en caso de que los empleados se sumen a las medidas de fuerza, el magistrado a cargo y los funcionarios tendrán que estar a disposición de los abogados y recibir expedientes por la mesa de entradas.

La resolución fue adoptada en las últimas horas por la titular del Juzgado Correccional Nº 1 de La Plata, Miriam Ermili, quien de esta forma reafirmó la medida cautelar que había dictado en el mes de abril a partir de una demanda promovida por el Colegio de Abogados de la Provincia.

En ese entonces, Ermili hizo lugar a un amparo impulsado por la entidad que nuclea a los abogados bonaerenses que exigían el "restablecimiento definitivo de la prestación regular del servicio de justicia" y dispuso que se garantizar el acceso a los tribunales a partir de las medidas de fuerza impulsadas por la Asociación Judicial Bonaerense que incluían, en algunos casos, bloqueos a los edificios.

Pero en las últimas horas, la jueza se expidió sobre la cuestión de fondo y ratificó lo dispuesto en la cautelar, aunque rechazó la pretensión del Colegio de Abogados de que se obligue al gremio, al ministro de Justicia y la Suprema Corte a dar solución al conflicto.

El Colegio de Abogados bonaerense había recurrido a la Justicia en una demanda promovida contra el Estado, por considerar que no asegura "el cumplimiento normal del servicio de justicia, afectando el derecho legítimo del acceso y tutela" y, además, al sostener que se halla violentada "la garantía que protege el derecho al trabajo".

La jueza Ermili entendió que si bien la Suprema Corte dictó una serie de medidas para garantizar el funcionamiento de los tribunales, esas resoluciones "corresponden que se mantengan hasta la solución del conflicto".

De esta forma, la funcionaria judicial dispuso que se garantice el libre ingreso, permanencia y egreso de los abogados, empleados, funcionarios y justiciables "en todas las dependencias" y la seguridad de los mismos; que las mesas de entrada estén abiertas durante toda la jornada laboral y que en caso de que los empleados no presten funciones, sus tareas sean cumplidas por los jueces o funcionarios de cada uno de los tribunales.

En cambio, la jueza rechazó la pretensión del Colegio de Abogados que reclamó que la Corte, el Ejecutivo y el gremio negociaran una salida al conflicto. "La acción de amparo no resulta remedio idóneo para solucionar" el diferendo laboral, sostuvo. También se había pedido, por la misma vía, que la Provincia no le cobrara impuestos a los abogados, petición a la que tampoco se hizo lugar.

Pero mientras tanto, el gremio judicial ratificó la continuidad de las medidas de fuerza: hoy habrá paro y movilización a la Corte, en tanto que mañana seguirá la huelga.

"Nosotros queremos seguir negociando, pero resulta patético que el ministro de Trabajo Cuartango, que convocó a conciliación obligatoria y que dice ser imparcial, fuera quien rechazó nuestra propuesta incluida en el acta-acuerdo", le dijo a este diario el titular de los judiciales, Hugo Blasco.

El sindicato pretende que el Ejecutivo firme un compromiso para ir restituyendo en etapas la Porcentualidad salarial, pero la Provincia rechaza esa pretensión y propone que en primer término se avance con una ley de paritarias para el sector.

El gobierno de Daniel Scioli asegura que el enganche salarial que pretenden los judiciales demandaría un gasto no menos a los 2.300 millones de pesos, cifra que la Provincia "no está en condiciones financieras" de atender.

El conflicto volvió a ingresar en un callejón sin salida porque el gremio sigue con los paros y nos se registran avances en las negociaciones.

JI