Una joven fue detenida en Bahía Blanca acusada de hacer 73 llamadas al 911 por amenazas de bomba a instituciones públicas y privadas.

Su nombre es Juliana Gil Barrera, de la localidad de Ingeniero White, quien fue identificada en la intersección de las calles Carrega y Avenente, y que sería la responsable de mantener en vilo al municipio, bancos, comercios y fuerzas de seguridad durante meses, incluso de movilizar recursos públicos casi a diario.

El fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la UFIJ N° 20, explicó que la mujer está imputada por "intimidación pública" y que actuaba siempre de la misma forma, indicando que su pareja había colocado un artefacto explosivo.

El funcionario judicial sostuvo además que Gil Barrera parecería no tener una motivación política o ideológica para hacer estas amenazas, pero que no se descarta que las intimidaciones le hayan generado algún tipo de beneficio a nivel personal.

Un dato curioso es que Juliana fue fiscal de mesa por Cambiemos en las elecciones de 2017. Ahora está tras las rejas por amenazar contra funcionarios de esa misma gestión.

Intimidación pública

Cabe señalar que el delito de intimidación pública tiene penas de entre 2 y 6 años de prisión para aquellos que infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazan con la comisión de un delito de peligro común o empleen medios para producir esos efectos.

Además, el artículo 211 del Código Penal afirma que "cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años". (IC)