El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se aferró esta semana al fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó las clases presenciales en el distrito y decidió no judicializar el último decreto del presidente Alberto Fernández, mientras que la oposición porteña y los sindicatos docentes ratificaron sus cuestionamientos a la medida y denunciaron un acuerdo político entre los jueces del máximo tribunal y Horacio Rodríguez Larreta.

Fuentes de la administración porteña afirmaron que no objetaron jurídicamente el segundo decreto presidencial, que prorrogó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluida la Ciudad, para contener la segunda ola de coronavirus, al considerar que el fallo de la Corte contempló "situaciones futuras".

La discusión entre "Lo jurídico" y "Lo sanitario"

Desde la sede del Ejecutivo porteño de la calle Uspallata, resaltaron el párrafo de la resolución judicial que sostuvo que "dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento debe orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras".

La diputada nacional por la Ciudad del Frente de Todos, Paula Penacca, y el sindicalista del gremio docente UTE, Eduardo López, señalaron que Rodríguez Larreta optó por no efectuar el reclamo ante el máximo tribunal, tal como lo hizo ante el primer decreto, porque "no les importa lo que diga la Justicia" y "sabían que la Corte iba a fallar en ese sentido".

Intereses en juego

"Hay una sintonía política entre la Corte y el Gobierno de Larreta y, entonces, hay un claro interés de la Corte en jugar políticamente en esta utilización nefasta que está haciendo el Gobierno de la Ciudad de la pandemia", aseveró Penacca sobre el fallo del martes que ratificó la autonomía porteña frente a la implementación de políticas en materia educativa.

Al respecto, la diputada analizó que "hubo allí dos decisiones irresponsables: la de Larreta de desconocer las medidas de cuidado dictadas por el Gobierno nacional y la de la Corte que se toma atribuciones que no corresponden en este contexto de pandemia".

"El Ejecutivo nacional tiene la potestad de tomar estas medidas, no desconociendo la autonomía de las provincias ni de la Ciudad, sino entendiendo que son necesarias en función del cuidado de la vida, de la salud y para mantener el sistema sanitario sin colapso", indicó.

"Consideran que el fallo de la Corte ya los exime para siempre"

La diputada nacional advirtió que "si hay algo que está probado, es que la mayor circulación de personas genera más contagios de coronavirus" y dijo que "a partir de que empezaron las clases presenciales, subió la curva de contagios también en menores".

En tanto, consideró que el Gobierno porteño no reiteró su reclamo ante la Corte ante el segundo decreto porque "no les importa lo que diga la justicia" y señaló que "esperaban el fallo sabiendo que iban a fallar en este sentido y por eso no hicieron ningún otro movimiento ni presentaron un nuevo recurso. No les interesó. Ya habían tenido el golpe de efecto que querían".

López, dirigente gremial de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires y del sindicato de docentes mayoritario porteño UTE, manifestó que desde la administración que encabeza Larreta "consideran que el fallo de la Corte ya los exime para siempre", por lo cual dijo que "no necesitan ya ir a la justicia porque los ricos no piden permiso".

"Al abrir las escuelas subieron los contagios en menores de 18 años"

"Creo que los cinco sabandijas de la Corte Suprema se creen por arriba de la Constitución y Larreta se cree por arriba del dispositivo sanitario del Gobierno nacional", afirmó el sindicalista y sostuvo que "está comprobado que las escuelas contagian ya que al abrir las escuelas subieron los contagios en menores de 18 años".

"Hay un negacionismo sanitario que acá lo expresa la alianza de Juntos por el Cambio", destacó.

En medio de las diferencias políticas en torno a la presencialidad en las escuelas y las medidas sanitarias por la segunda ola de coronavirus, que motivaron la intervención de la Corte, los Gobiernos nacional y porteño acordaron retomar las conversaciones por el reparto de fondos de la coparticipación federal destinados al financiamiento de las fuerzas de seguridad en la Ciudad. (telam)