El gobierno porteño decidió desafiar un fallo judicial y mantener abiertos los colegios para que se dicten clases presenciales.

La decisión se dio después de que el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, resolviera que la justicia porteña, que había admitido la posibilidad de que la Ciudad dictara clases presenciales en realidad no tenía competencia para hacerlo. Y que las escuelas debían permanecer cerradas hasta que la Corte Suprema defina la cuestión de fondo.

"Con relación al fallo recientemente dictado por un Juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy", indicó el gobierno de la CABA A través de un comunicado

El magistrado había admitido parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, cuya Cámara de Apelaciones había resuelto este domingo que las escuelas tenían que continuar abiertas

La noticia sorprendió al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien convocó a una reunión de urgencia para analizar los pasos a seguir. El vicejefe Diego Santilli, el jefe de Gabinete Felipe Miguel, el secretario General, Fernando Straface, el Procurador Gabriel Astarloa, y la ministra de Educación Soledad Acuña, participaron del encuentro.

Para el gobierno porteño, el juzgado Federal no tiene competencia porque dentro del Poder Judicial de la Nación, la Corte ya dijo que es competente. Por lo tanto, tribunal el inferior no puede intervenir.

La Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia originaria en el caso ante la acción declarativa de certeza presentada por el gobierno porteño y le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas. (DIB)