"Tener un arma es más un peligro que una protección", enfatizó el ministro de Justicia, Julio Alak, al anticipar el lanzamiento de la segunda fase del programa nacional de desarme voluntario. El plan contempla retribuciones económicas de hasta $ 600 a las personas que entreguen armas de fuego y municiones al Estado.

El funcionario afirmó que "el desarme de la población civil es una prioridad para este Gobierno", y recordó que durante la primera etapa más de 107.000 armas fueron destruidas.

El titular de la cartera de Justicia informó que "el 65% de los homicidios dolosos que se producen en la Argentina ocurre en el marco de conflictos interpersonales y no durante la comisión de otro delito, como por ejemplo un asalto".

"Esa estadística reafirma nuestra convicción acerca de que tener un arma en casa representa más un peligro que una protección, porque sin armas la mayoría de las peleas entre familiares, vecinos o amigos no tendría desenlaces irreparables", reflexionó Alak.

AN