Allá por 2017, el por entonces intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, prometió a urbanización del barrio Monterrey, en una zona humilde del distrito. Sin embargo, luego de haber recibido un giro de $120 millones por parte del Estado nacional, las obras comenzaron el 21 de marzo de aquel año, para quedar completamente inconclusas.

Así se desprende de un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que determinó que se fraguaron las certificaciones y que hubo fallas en los controles por parte del Ministerio del Interior, ya que las obras nunca se terminaron.

Las obras incluían asfalto, servicios básicos, plazas nuevas, un centro cultural, y hasta un corredor aeróbico. Sin embargo, al no realizarse las obras, la oposición denunció el caso ante la justicia federal en plena campaña electoral. Hace un mes, la causa pasó a la justicia provincial y la investigación parecía diluirse. Ahora, un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), al que tuvo acceso Infobae, denuncia se fraguaron certificaciones de obra y que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales.

Según Infobae, la obra del barrio Monterrey se remonta a fines de 2016, en pleno apogeo de la gestión de Cambiemos. El convenio estipulaba una inversión de $145.733.567 ($140.811.697 para las obras físicas, y $4.921.870 para módulos sociales). Luego ese presupuesto se ajustó a $120 millones. Según el contrato las obras debían comenzar 30 días después del primer desembolso y tenían un plazo máximo de doce meses. La realidad muestra ahora que los plazos nunca se cumplieron.

El informe de la PIA también enumera una serie de irregularidades administrativas en el proceso de selección de la UTE conformada por Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA. "Se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y con ello, la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado", dice el documento al que accedió Infobae.

Además, la PIA indica que la UTE adjudicada nunca habría presentado la constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin. Tampoco se detectó una comunicación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio.

El informe de la PIA apunta a las irregularidades en las certificaciones de obra. "Lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad", asegura el informe de la Fiscalía, que analizó el convenio y los pagos a pedido del fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas. (ámbito)