No se trata sólo de Cinthia y los agentes de tránsito: la gran mayoría de los empleados públicos porteños están precarizados. De los 182.652 trabajadores con que cuenta hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas sus áreas, apenas 46.841 -menos del 26 por ciento del total- son de planta permanente y gozan por lo tanto de estabilidad laboral y del resto de los derechos básicos. El restante 74 por ciento, más de 135 mil trabajadores, son contratados y monotributistas. El dato surge de una serie de pedidos de acceso a la información pública destinados al Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta y presentados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Pese a que en los últimos cuatro años el actual jefe de Gobierno aumentó en un 13 por ciento la planta total de empleados públicos -dato que se desprende del mismo informe-, no logró revertir la tendencia de contratar trabajadores en condiciones de precariedad laboral que inauguró en 2007 su antecesor en el cargo y actual Presidente, Mauricio Macri. La contratación a través de convenios con el sector privado se mantuvo como una constante.

Esta realidad, denunciada hace años por los estatales organizados fundamentalmente en ATE (el gremio SUTECBA es netamente macrista), saltó a la palestra a partir de la acción colectiva de las compañeras y los compañeros de Cinthia Choque, quien murió atropellada este domingo a la madrugada mientras cumplía con su horario laboral. Durante todo el día de hoy, pese a la lluvia, se concentraron en el Obelisco para visibilizar su situación.

"Ni siquiera nuestros jefes están en planta permanente", describe Cristian, un agente de tránsito que compartía el turno noche con Cinthia. "Lo del monotributo es una joda: le pagamos el impuesto al mismo gobierno que nos contrata", dice con bronca y cuenta que de los 25 mil pesos que factura cada mes, le quedan en mano poco más de 22 mil. "No tenemos ni antigüedad, ni aguinaldo, ni pago extra por trabajo nocturno. Nada", dice.

La misma precarización se extiende, por ejemplo, a los trabajadores del área de prevención del delito, que también trabajan en situaciones de riesgo. A través de la Resolución 440/2017 del Ministerio de Seguridad porteño, que conduce el vicejefe Diego Santilli desde el escándalo de la suspensión de la segunda final del Superclásico el año pasado, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a pasar a planta a alrededor de 900 trabajadores. Pero dos años después sólo cumplió con 65.

"Hay un dato curioso en todo esto", aporta por su parte Hugo Bellón, secretario de Organización de ATE Capital, "y es que, para colmo, los monotributistas tienen que cumplir con ocho horas de trabajo, mientras que a los empleados de planta se les exige siete. En resumen, trabajan más por menos plata y en condiciones indignas".

Dentro del universo del 74 por ciento de estatales sin estabilidad, hay varios tipos de contratos: "Planta transitoria", contratados con derechos básicos como aguinaldo y ART, pero con menor estabilidad laboral y con sueldos por debajo de la planta permanente; "Contrato de Locación", como el caso de los agentes de tránsito, que le factura al Goierno; y los famosos "tercerizados", un mecanismo perverso que en muchos casos es un negociado, dado que el trabajador le factura a una ONG, un privado o una Universidad que a su vez brinda un servicio al Estado a través de convenios, muchas veces millonarios.

Fuentes gremiales, en tanto, advirtieron que, a partir del proceso electoral, el Gobierno porteño comenzó a pasar a planta a miles de trabajadores precarizados, como forma de descomprimir la situación política al interior de la administración. Incluso es un reclamo histórico del gremialismo que, amparado en resoluciones ministeriales, le reclaman a los distintos ministros que cumplan con los compromisos asumidos de ingresar trabajadores a planta, que una vez pasadas las elecciones quedan a medio hacer.

La precarización, además, se refuerza con los incumplimientos de pactos que el Gobierno porteño fue realizando con los distintos cuerpos de delegados de, por caso, pasar a planta permanente en determinados plazos a trabajadores con contrato de locación, que no se cumplen.

"El monotributo, cuando se tiene una relación laboral estable, es una estafa al trabajador. Es fraude laboral tanto para el Gobierno como para cualquier privado. Se da una situación paradojal con los inspectores de Policía de Trabajo, muchos de los cuales son monotributistas también: son ellos quienes inspeccionan a Gobierno porteño por el incumplimiento de normas laborales", graficó Diego Falcón, abogado laboralista del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. (gritodelsur)