El Juzgado de Feria Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo del juez Roberto Gallardo, obligó a comienzos de esta semana al Gobierno porteño a que en el plazo de diez días corridos cumpla con la sentencia definitiva por la cual debe eliminar la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24. En ese marco, la administración de Horacio Rodríguez Larreta debe presentar un Proyecto Eléctrico Adecuado que ofrezca soluciones frente a estas falencias; caso contrario, por cada día de retardo el Jefe de Gobierno deberá pagar una multa de 10 mil pesos.

En su fallo, el juez Gallardo entendió que el Gobierno porteño incumplió con lo ordenado judicialmente, al afirmar que "teniendo en cuenta la gravísima problemática que campea esta causa, luego de casi una década de iniciada, de ocho años de vigencia de la medida cautelar y de contar con sentencia definitiva de condena cuyo plazo de vencimiento ha perimido, nada sustancial ha hecho el Gobierno local para sanear estructuralmente las deficiencias de la red del servicio eléctrico en la Villa 21-24".

"En ese interín de incumplimiento se han dado un montón de hechos que entrañan la situación de riesgo eléctrico en el barrio, que van desde pérdidas materiales -roturas y quemaduras de electrodomésticos- como también riesgos de vida", cuenta Felipe Mesel, abogado del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización que llevó adelante el pedido de sanciones a partir del reclamo de vecinos y vecinas de la villa más poblada de la Ciudad de Buenos Aires, donde viven unas 60 mil personas. Cabe destacar que el año pasado una vecina de la Villa 21-24, Gilda Cañete, perdió la vida a partir de esta situación de riesgo eléctrico, en un momento donde la sentencia contra el GCBA ya estaba firme.

Mesel explica que el Gobierno porteño ya había presentado un esquema de trabajo a modo de Proyecto Eléctrico Adecuado, tal como ordena la sentencia. Sin embargo, el juez Gallardo entendió -de acuerdo con ACIJ- que "la documentación presentada por el gobierno es vaga e insuficiente para dar acabada solución al problema, en tanto no identifica en cuáles hogares se ejecutarán las obras, no se establecen prioridades, no se prevé un plan serio de contingencias, no se precisan qué tipo de tareas se realizarán, sus plazos de comienzo y de ejecución, ni se dice nada sobre la previsión presupuestaria necesaria". "Se trataba de un plan de obras paliativo y parcial, que podía remediar en todo caso algunas situaciones de urgencia y no respondía a la integralidad de la sentencia", completa Mesel.

De acuerdo al fallo, el Proyecto Eléctrico Adecuado deberá ser elaborado según la Guía de Diseño de Redes Eléctricas de baja tensión para asentamientos poblacionales aprobada por el ENRE y en base a los informes periciales existentes en la causa judicial. Además de la multa de 10 mil pesos diarios a Larreta por cada día de retraso en la ejecución de este plan, si al vigésimo día hábil se mantuviera incumplida la sentencia, un ente externo quedaría habilitado a desarrollar las obras a cuenta y nombre del Gobierno de la Ciudad.

"Frente a esta vulneración de derechos tan grosera, esta sanción que involucra al Jefe de Gobierno puede servir como una herramienta de presión interesante para que, de una vez por todas, cumplan con el objeto de la sentencia, que es en definitiva reconocer derechos en igualdad de condiciones y entender que las villas son parte de la Ciudad", señala el abogado de ACIJ. Dado que la causa vuelve a recaer en el Juzgado Nº 4 Contencioso, Administrativo y Tributario tras la culminación de la feria, todo quedará supeditado a la decisión que tome la jueza María Elena Liberatori para saber si se efectiviza la multa o si se aplica alguna medida dilatoria en este asunto. (gritodelsur)