Tal como se preveía, la Legislatura porteña aprobó el traspaso del servicio eléctrico al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se selló el acuerdo entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para descentralizar la jurisdicción y control de las concesionarias Edenor y Edesur.

El traspaso se concretó con 41 votos a favor contra 17 votos negativos. La iniciativa contó con el apoyo mayoritario del bloque oficialista Vamos Juntos y de sus aliados Evolución, Partido Socialista y GEN. En tanto, Unidad Ciudadana, el Bloque Peronista y los cinco diputados de la izquierda se opusieron al traspaso.

Con la ley aprobada ahora se creará un ente bipartito para controlar el servicio de las empresas eléctricas. El nuevo ente estará administrado por un directorio de seis miembros, tres por CABA y tres por la provincia de Buenos Aires, tendrá un mandato de tres años y su sede estará en la Capital Federal y contará con una delegación en La Plata.

Claudio Romero (Vamos Juntos), miembro informante, sostuvo que estos acuerdos sirven para "dar un paso más a la autonomía plena de la Ciudad". Además de señalar que se realizará una "auditoría de corte" para conocer el estado de lo que se recibe, destacó que "el traspaso no tiene costo" para los vecinos y la tarifa social quedará ahora a cargo de las jurisdicciones.

El carácter interjurisdiccional del nuevo ente de control se debe, explicó el legislador oficialista, a que la distribución energética es una actividad "indivisible" con la provincia de Buenos Aires.

Sobre ese punto, Paula Penacca (Unidad Ciudadana) estimó que la creación de un órgano bipartito entre la Provincia de Buenos Aires y CABA puede llegar a ser objetado judicialmente en el futuro por excluir del mismo al Estado Nacional.

Durante el tratamiento en las comisiones y el recinto, el proyecto fue objetado por los bloques opositores y los trabajadores del ENRE, quienes sostienen que se ponen en riesgo sus fuentes laborales, y por asociaciones de usuarios, que reclaman participación en el control de la actividad.

Por lo pronto, el vicepresidente 1° de la Legislatura Francisco Quintana sostuvo que el traspaso "es una nueva deuda saldada que nos acerca un paso más hacia la autonomía de la Ciudad". En ese contexto, la espada legislativa del PRO en el Palacio de la calle Perú sostuvo: "La aprobación de este acuerdo no tiene que ver solamente con una cuestión institucional, en la práctica el vecino va a contar con un control más directo e inmediato sobre el servicio público que recibe". (ámbito)