En medio de la indefinición sobre la ley de financiamiento político, que intentará ser votada el martes de la semana próxima, el Senado buscará reactivar dos demorados debates para apaciguar la tensión con gremios: un blanqueo laboral y la posibilidad de crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), que dirá qué procedimientos ingresarán al Programa Médico Obligatorio (PMO) para minimizar el boom de juicios a obras sociales, que pone en jaque el sistema sanitario.

Las discusiones serán tímidas y, por ahora, con destino incierto. Los expedientes en cuestión ya intentaron ser instalados y debatidos en 2017 y 2018, pero chocaron con la falta de gestión política de Casa Rosada en algunos casos y, en otros momentos, por las vueltas del peronismo.

Desde el bloque justicialista, que comanda Miguel Pichetto, destacaron "acá siempre hubo una condición clara, y fue que la plana mayor de la CGT se presente y avale los proyectos en cuestión. Si eso sucede el martes con cualquiera de las dos leyes, se estará en condiciones de avanzar".

El convite al que fueron invitados los gremios comenzará a las 16, cuando se reúnan las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, que son presididas por los legisladores Esteban Bullrich (PRO-Buenos Aires) y Daniel Lovera (PJ-La Pampa), respectivamente. En tanto, el proyecto de Agnet será discutido una hora antes por la comisión de Salud, que comanda el radical jujeño Mario Fiad.

Las iniciativas presentadas en años anteriores por senadores de diversos bloques no fueron tenidas en cuenta para el debate del blanqueo laboral. El único proyecto aceptado -que tiene el guiño de Casa Rosada- es del sanjuanino Roberto Basualdo, de Cambiemos.

En los argumentos del texto, el legislador aseguró que el mismo busca "enfrentar el recurrente problema socio laboral de la clandestinidad de las relaciones de empleo, para lo cual se prevé una oportunidad a los fines de permitir la regularización de toda situación de falta de registración de contratos de trabajo o de registración insuficiente o incorrecta, otorgando un plazo de 365 días, así como estímulos adicionales dirigidos a los empleadores que se encuentran en tales situaciones".

Basualdo también dijo "se han tenido especialmente en cuenta los peculiares problemas que enfrenta la pequeña, y en especial la micro empresa, en materia de costos adicionales para la registración y liquidación de salarios y aportes a los subsistemas de la Seguridad Social", y agregó "en la misma línea, se plantea la modificación de diversas normas actualmente vigentes destinadas a enfrentar el fenómeno de la evasión en este plano, puesto que han mostrado, tras el paso de los años, su ineficacia para neutralizar y/o morigerar este mal social".

A partir de mañana comenzará la puja entre la CGT, el Gobierno y las organizaciones empresariales, quienes tampoco se quieren quedar fuera de la discusión. En el medio habrá negociación política, con caja de resonancia en el Senado. Allí, algunos legisladores opositores no ven con buenos ojos regalarle al oficialismo una ley de este tenor en la antesala de la campaña electoral.

En resumen, el proyecto establece un año para blanquear y un caramelo del 100% de condonación de deudas varias. En tanto, los trabajadores incluidos en la regularización podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice. Además, los empleadores que promocionen nuevos puestos durante ese proceso tendrán dos años de exención de las contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Aún restan dudas sobre litigiosidad y la predisposición real del Gobierno para empujar el texto y lograr un consenso con la CGT y el peronismo senatorial. La desconfianza de algunos oficialistas y opositores apunta hacia el actual ministro de Producción y trabajo, Dante Sica, a quien le atribuyen poca reacción en los últimos meses. (ámbito)