El fiscal federal Guillermo Marijuan, que actuó en la causa denominada "la ruta del dinero K", negó hoy que exista un abuso de la figura de la "prisión preventiva" al considerar que existen situaciones específicas donde se aplica, y que hay "suficientes controles de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación para evitarlo" en casos donde no sea necesaria.

"Yo creo que no", fue la respuesta en un diálogo con radio La Red, cuando le consultaron al fiscal sobre si existe un uso "indiscriminado" de esa medida judicial.

"La prisión preventiva se da cuando existe riesgo de fuga o hay algún peligro de que la persona investigada pueda entorpecer la causa. Además existen suficientes controles de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación para evitar eso", puntualizó.

En tanto, el fiscal evaluó que en general las causas de corrupción son "sumamente complejas" y que no obstante, se ha "avanzado mucho, y de a poco vamos llegando donde queremos llegar".

Marijuan fue el fiscal que pidió enviar a juicio oral la causa contra el empresario patagónico Lázaro Báez, detenido preventivamente desde abril de 2106, y otros 26 imputados, cuyo proceso se lleva adelante desde la semana pasada en los tribunales federales de Retiro.

En esa misma causa, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado en su momento el procesamiento sin prisión preventiva para tres hijos de Báez, acusados por lavado de dinero por ser titulares o beneficiarios de cuentas vinculadas con su padre en el exterior. La decisión adoptada por la sala IV del máximo tribunal penal alcanzó a Leandro, Luciana y Martín Báez.

En la vereda opuesta se ubica el fiscal Federico Delgado, quien ya reclamó públicamente la apertura de una discusión seria sobre la presión preventiva. "Es un viejo problema, debería ser excepcional. La Justicia somete y no enjuicia. La preventiva debería ser en un caso ultraexcepcional, en cuestiones muy específicas y por un tiempo muy limitado. Hay que tener mucho cuidado que no funcione como una pena anticipada", alertó, porque según cree, se "trastoca todo el sistema de enjuiciamiento penal" argentino. "Es una herramienta muy útil, pero muy peligrosa", remarcó Delgado.