La Cámara Federal de Casación Penal les reconoció a dos víctimas del franquismo el derecho a querellar ante los tribunales argentinos por crímenes presuntamente vinculados a los cometidos por el régimen dictatorial que gobernó España entre 1936 y 1977.

La Sala IV del máximo tribunal penal hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por los familiares de dos víctimas, quienes originalmente habían sido excluidos de intervenir en la causa llevada adelante por magistrados locales.

Los crímenes atribuidos al franquismo pueden ser juzgados en la Argentina por el denominado "principio de jurisdicción universal" que rige para casos de lesa humanidad.

Las instancias judiciales anteriores habían rechazado incluir en la investigación local los homicidios de Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo y José Salmerón Céspedes que habrían sido asesinados por la dictadura franquista porque el primer hecho habría tenido lugar en 1978 y el segundo habría ocurrido en Tetuán (Marruecos).

Al respecto, el abogado Alejandro Nató, apoderado de la querella, sostuvo: "Luego de un peregrinaje cargado de impotencia, indignación y sufrimiento esta familia española recobró la esperanza de obtener justicia en la Argentina"

Muñoz era un joven militante de 16 años que encontró la muerte por un disparo con un arma de fuego, perpetrado por un policía en una plaza de Barcelona en el año 1978.

Céspedes, según la prensa española, fue un policía que por mantenerse "fiel a la República" fue torturado y fusilado en Tetuán.

La decisión de la Casación fue tomada por mayoría por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -el camarista Juan Carlos Gemignani votó en disidencia-, quienes destacaron la conexión de los hechos denunciados por los pretensos querellantes con los crímenes del franquismo investigados por los tribunales argentinos.

Los magistrados destacaron, además, que esa conexión no depende del lugar o del tiempo de su comisión, sino de sus características articulares y del contexto específico en el que habrían sido perpetrados.

"La Cámara Federal de Casación Penal impulsa la investigación pretendida por los familiares y descendientes de las presuntas víctimas del franquismo, en línea con el reconocimiento amplio de los derechos de los damnificados a la tutela judicial efectiva, contemplado en la nueva ley 27.372, Ley de Víctimas", remarcaron fuentes judiciales.

A la transición donde gobernó Adolfo Suárez González nunca la habían investigado antes porque se enmarcaron a los crímenes de lesa humanidad del franquismo (así considerado por Naciones Unidas) desde la asunción de Franco en 1936 hasta las elecciones del 15 de junio de 1977.