Este año la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejará de recaudar 6.991 millones de pesos por la exención del impuesto a las ganancias que pesa sobre la gran mayoría de los magistrados y funcionarios de los poderes Judiciales nacionales y provinciales. La cifra surge de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) sobre exenciones fiscales próximo a publicarse. En los años 2016 y 2017, el Estado había dejado de recaudar 4607 y 5759 millones de pesos, respectivamente.

En el estudio de la ONG se califica al "privilegio" de los judiciales de "injusto" y se lo compara con programas de gobierno que se podrían financiar con ese dinero. Así se señala: "Los 4077 millones de pesos perdidos en 2015 superaron el valor asignado al seguro de desempleo o al Programa de Ayuda Alimentaria que atiende a la población más vulnerable, con necesidades básicas insatisfechas.

Ese importe también se podría haber destinado a aumentar el Plan Progresar".

Por su parte, la cifra que la AFIP no tendrá la oportunidad de retener este año equivale a 32 veces el presupuesto asignado para el Instituto de la Nacional de Mujeres (INAM) de 211.548.292 millones de pesos y duplica el asignado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de 3.773.645.537 millones de pesos, según surge del informe de ACIJ.

El debate por la exención del impuesto a las ganancias de los judiciales no es nuevo. Ya en el año 1936 y a través de un fallo, la Corte Suprema consideró que los magistrados del Poder Judicial estaban exentos de aquel gravamen. Luego, la ley 20.628 sancionada en 1973 y que actualmente regula el tributo, confirmó el privilegio en su texto.

En 1996, el Congreso derogó la exención para los judiciales y los legisladores, pero tres días después de que se publicó la norma, la Corte Suprema, por medio de una acordada, declaró inaplicable la derogación del beneficio para los integrantes del Poder Judicial.

"La intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía, establecida en la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial", sostuvo el máximo tribunal.

Pero el año pasado los judiciales perdieron una parte de la batalla. El Congreso modificó la Ley de Impuesto a las Ganancias y los legisladores incluyeron como ganancias de cuarta categoría a las provenientes de los "los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017".

"La ley 27.346 fue un avance, pero falta", sostuvo en diálogo con La Nacion Carmen Ryan, coordinadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ. "Lo consideramos un avance en la medida en que se vuelve a discutir y se vuelve a hacer un intento por regular algo que estaba mal", agregó.

"Lo que el Estado deja de cobrar está muy oculto. Las normas se sancionan una vez y después no se vuelven a publicar. La sociedad en general no sabe qué beneficios fiscales hay. Los regímenes de promoción y los beneficios fiscales deberían establecer en su letra un plazo", sostuvo la especialista.

Ahora bien, el texto de la ley generó polémica entre los mismos judiciales. Según algunos de los integrantes del Poder Judicial, la palabra "nombramiento" podía ser interpretada de dos formas: por un lado, que cada persona que reciba un nombramiento luego de 2017 sería alcanzado por el impuesto y, por el otro, que nombramiento hacía referencia al ingreso.

El debate no tardó en llegar a los juzgados de la mano de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional(Amfjn) y, en noviembre, el juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, se inclinó por la segunda interpretación. De ahí en más, solo a los que ingresaron después de 2017 se les retiene el impuesto, según confirmó el Consejo de la Magistratura a La Nacion.

Cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguraron él es "uno de los impulsores de que los jueces paguen ganancias". "Si la Corte Suprema hace un acordada sería mucho más sencillo. Es un gran avance que empiecen a pagar los que ingresan en 2017", aseguraron.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica-ARI y diputada nacional, Elisa Carrió, y Fernando Sánchez, actualmente secretario de Fortalecimiento Institucional, presentaron en mayo del año pasado un proyecto de ley para para modificar el régimen de ganancias y derogar las excepciones al Poder Judicial y Ministerio Público. Carrió y Sánchez, al presentar el proyecto, manifestaron que con la retención del impuesto a solo los judiciales que ingresaron desde 2017, la ley 27.346 quedó a "mitad de camino". (La Nación)