La llamativa denuncia del empresario Lázaro Báez, en plena feria judicial, por la posible usurpación de tres de sus casas en la localidad de Pinamar pasó a la Justicia de Dolores, que tiene jurisdicción sobre esa zona. Se sospecha de una posible estafa, un delito independiente de los que se investigan en la "ruta del dinero K". Detrás de la maniobra se esconde una feroz interna en el circulo íntimo del empresario K. De hecho, el casero que estaba a cargo declaró que trabajaba para la supuesta pareja de Báez, Liliana Costa. Según esa versión, hace cinco meses la mujer dejó de ser su empleadora, "pasando a ocupar el cargo una señora rubia, de nombre Leticia, quien sería la abogada de Báez, la cual arribó al domicilio junto a un grupo de personas de la Ciudad de Río Turbio, para refaccionar las viviendas".

Este jueves, el juez federal Sebastián Casanello le envío la denuncia a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, que ahora deberá sortearla para que se siga investigando.

Antes, el magistrado le ordenó a la Policía Federal que haga inspecciones en las tres viviendas apuntadas. Solo una estaba ocupada, en Troya 763. La Policía se encontró con un hombre identificado como Javier Mariano Cadus, quien dice haber alquilado la casa hasta el 27 de enero a través de "Mercado Libre". El supuesto inquilino aseguró, además, que estaba intentando comunicarse con un teléfono celular para pactar la entrega de las llaves. Según el acta judicial, "este número es el mismo de la Sra. GASARO", en referencia a María Elizabeth Gasaro, una abogada que viene trabajando hace tiempo para Báez.