La muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el mayor atentado cometido en Argentina y había acusado a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a los sospechosos iraníes, fue un homicidio, según determinó ayer el juez federal Julián Ercolini, siendo la primera vez que la Justicia califica así el caso, que hasta ahora se había investigado como un suicidio.

Ercolini argumentó en un fallo de 656 páginas que "la muerte de Nisman no obedeció a un suicidio", sino que se trató de "un homicidio simple" del que responsabilizó a Diego Lagomarsino, un técnico informático que asesoraba al fiscal.

Lagomarsino  confesó ser el dueño del arma con la que se efectuó el disparo que acabó con la vida de Nisman. Sin embargo, defiende que el investigador se la pidió prestada un día antes de que fuera hallado muerto y que no la usó en su contra.

Ercolini acoge parcialmente esta versión porque no quedó probado que Lagomarsino disparara contra Nisman, acción que atribuye a "autores desconocidos", si bien considera que su participación fue clave, por lo que le imputa como "partícipe necesario".

El juez federal no ha pedido su ingreso en prisión provisional pero le prohibió salir del país y ordenó que lleve una tobillera electrónica para tenerle localizado en todo momento. Además, dictó un embargo de 15 millones de pesos.

Ercolini también procesó a los cuatro escoltas de Nisman --los policías federales Rubén Benítez, Armando Niz, Néstor Durán y Luis Miño-- por un delito de "incumplimiento del deber", por considerar que descuidaron la protección al fiscal. También les prohibió abandonar Argentina y les embargó bienes por distinto valor.

Lagomarsino, que conoció la resolución judicial en medio de una entrevista, consideró que se cometió una "inmensa injusticia". "Alberto Nisman me cagó la vida", declaró al tiempo que lanzó una advertencia: "Si voy preso me termino de romper, porque no hay nada peor que un inocente preso".