Así lo calificó la funcionaria en una entrevista con la agencia oficial de noticias de San Luis, y destacó que durante dos semanas se analizó punto por punto la reforma fiscal impulsada por el gobierno nacional, y "no pudimos rescatar ningún punto a favor de San Luis", aseguró

El punto que generó la situación más tensa fue una de las cláusulas donde indicaba que las provincias renunciaban a la demandas judiciales contra la Nación, y "a San Luis no le convenía porque no recibía nada a cambio; sí a otras provincias le era fructífero, porque mantienen deuda con Nación y con esta firma seria convalidadas, pero San Luis no presenta desequilibrio fiscal ni deuda con Nación", dijo Zabala Chacur

También destacó que el pacto, "desde cualquier punto de vista técnico, buscaba beneficiar a la provincia de Buenos Aires y, de una manera indirecta, a la Nación, dejando de lado las demandas, y las cargas de stock por deuda desaparecen, mientras que el Fondo del Conurbano es remplazado por aportes que van de Nación a la provincia de Buenos Aires".

Otros de los puntos que destacó como trascendentes como para no adherir al pacto, fue el de los bonos que recibirían las provincias a cambios de renunciar a los juicios, que se repartirá por coeficiente de coparticipación ante el resto de las provincias, como forma de resarcir la desestimación de juicios.

"Esto a San Luis no le convenía desde ningún punto de vista, porque tenemos ya un juicio con sentencia firme y los otros iniciados con altas probabilidades de ganarlos, y el monto es superior", dijo.

"En ese momento me sentí presionada a subscribir algo que uno sabe que técnicamente imposible que pase, pero es horrible sentir que una provincia hermana te apriete de esa forma; me dolió como argentina, porque tenemos a la Presidencia, a una provincia vecina como Córdoba y a la gobernadora de Buenos Aires, que si bien gobierna una provincia como mucha gente, no son más ni menos que los ciudadanos de San Luis", expresó Zabala Chacur.

Y aclaro que continuaran reclamando el pago de la deuda que tiene sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, hasta el momento, no existe ninguna respuesta para acordar el pago por parte del gobierno nacional.