Se trata de la causa por la que la semana pasada Bonadío citó a declaración indagatoria a 251 empresarios y directivos de líneas de transporte automotor, entre ellos los responsables del Grupo Plaza, la familia Cirigliano.

Ahora el magistrado procesó y embargó a De Vido junto a otros ex funcionarios públicos que debían controlar los multimillonarios pagos de subsidios hechos a las empresas por el gasoil, calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que para la Justicia era adulterado, una operación que rigió desde julio de 2003 a marzo de 2014. Además dictó un embargo por 1.000 millones de pesos sobre los bienes de De Vido.

Los otros procesados con embargos de hasta 900 mil pesos son los ex secretarios de Transporte Alejandro Ramos, Ricardo Jaime -actualmente detenido- y Juan Pablo Schiavi, además de Pedro Ochoa Romero, Antonio Sícaro y Roque Lapadula, ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor.