El juez en lo penal económico Pablo Yadarola, ordenó el decomiso definitivo y "anticipado" de los 790.000 dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país en 2007 y dispuso que sean destinados a fines de utilidad pública como salud o educación.

Yadarola solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña, que establezca cuál sería el mejor destino de los 790.550 dólares secuestrados el 4 de agosto de 2007, que Antonini Wilson traía en una valija detectada por una agente aduanera en la Terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery.

Con su medida, el magistrado pretende que el dinero incautado "pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa", indicó el Centro de Información Judicial.

Antonini Wilson había llegado a la Argentina en el vuelo de la aeronave de la empresa Royal Class número 5113S, rentado para regresar de Maiquetía, Venezuela, por la empresa estatal Enarsa.

Además de Antonini, viajaban en la nave Claudio Uberti, por entonces a cargo del Órgano de Conceciones Viales (OCCOVI), su secretaria, Victoria Bereziuk; los hijos del titular de la petrolera venezolana, Diego Uzcátegui Matheus y Daniel Uzcátegui Specht, y la mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, José María Olazagasti.

Antonini Wilson, evaluó el juez, omitió realizar la declaración aduanera sobre los dólares que ingresaba al país.

El decomiso definitivo y anticipado fue pedido por la fiscal María Rivas Diez, quien destacó que, luego de nueve años, "ninguno de los imputados en la causa reconoció ser propietario de la suma en cuestión y nadie reclamó la devolución del 50% del monto secuestrado".

La fiscal había invocado "compromisos internacionales" asumidos por la República Argentina vinculados a "las acciones necesarias que los Estados deben adoptar para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito".

En la causa se había dictado la "falta de mérito" del ex funcionario Claudio Uberti y sobreseimientos a Diego Uzcátegui Matheus y Daniel Uzcátegui Specht, pero meses atrás la Corte Suprema de la Nación revocó esas resoluciones y mandó profundizar la pesquisa, en manos del juez federal Sebastián Casanello.

Se había planteado la "prescripción de la acción penal" en orden al presunto delito de "lavado de activos", pero ahora, por disposición de la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal deberá pronunciarse sobre si se cometió ese ilícito o el de contrabando, con mayor escala punitiva.

Yadarola recordó el artículo 23 del Código Penal, según el cual "en todos los casos en que recayese condena", la misma "decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho" o "ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios".

En la resolución, el magistrado mencionó también el artículo del Código, que prevé que "en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal  cuando se compruebe la ilicitud del origen o del hecho material al que se estuvieren vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado".

Antonini Wilson "se encuentra rebelde" desde el 16 de agosto de 2007 "lo que imposibilita que sea enjuiciado", precisó el magistrado.

Para el juez, "la presunta ilicitud del origen de las divisas que fueran secuestradas" deriva de "diversos indicios: por un lado, por haberse transportado esa cantidad de dinero en efectivo, evitando cualquier tipo de bancarización" y, "por otra parte, por no haber sido declaradas ni al salir de Venezuela ni al entrar al país".

Como ninguno de los imputados reclamó el dinero "no se vislumbra claramente el derecho o garantía constitucional que se podría vulnerar de procederse al decomiso en esta instancia de la suma en cuestión", recalcó Yadarola.

El juez decidió además "exhortar a la Unidad de Información Financiera para que preste colaboración en la materialización de la medida dispuesta".