Así lo planteó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al anticipar los detalles del nuevo esquema tarifario que impulsará el Gobierno tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el mes pasado declaró nulos las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía e instó al Gobierno nacional a llevar adelante audiencias públicas y concretar un ajuste que responda a un esquema de "razonabilidad" para que los usuarios puedan cumplir con el pago.

Este nuevo esquema, que será presentado mañana por Aranguren a los jefes de los distintos bloques legislativos, así como a los gremios del sector energético y a los defensores del pueblo de todo el país, contempla un nuevo precio para el gas a boca de pozo que pasará desde 1,29 dólar por millón de BTU actual a 3,42 dólar por MBTU a partir del 1 de octubre próximo.

El incremento que el Gobierno no pudo aplicar por el fallo de la Corte contemplaba un precio de 4,72 dólares por MBTU, y representaba un incremento promedio del 330 por ciento.

A pesar de esa proyección, en la práctica la suba reflejó incrementos de hasta más del 1.000 por ciento, lo que disparó la presentación de numerosos amparos judiciales en todo el país.

Aranguren explicó que para cumplir con el mandato de la Corte de "hacer gradual y previsible" los incrementos se dispondrán aumentos semestrales a partir del 1 de abril de 2017 y hasta el 1 de octubre de 2019 -inferior al 10 por ciento en cada instancia- que permitan alcanzar un precio de 6,78 dólares por MBTU que es el actual precio de mercado del gas, fijado a partir de un promedio de los distintos tipos de provisión con los que se abastece el país.

A partir de esta gradualidad, la eliminación de subsidios -que hasta el 30 de septiembre cubre el 81% del consumo residencial-, en lugar de ser corregida de manera abrupta y en una sola oportunidad, como preveía la resolución 28/2016 anulada por la justicia, será realizada de manera paulatina comenzando con una cobertura del 50% el 1 de octubre próximo hasta su eliminación total con la boleta que comenzará a regir el 1ro. de octubre de 2019.

El esquema que se presentará en la audiencia del 16 de septiembre no contempla modificaciones a la situación de los usuarios comerciales, los que -según aseveró Aranguren- se mantendrán con el tope del 500 por ciento dispuesto en la Resolución 129/2016. El fallo de la Corte Suprema que anuló la suba se focalizó tan sólo en los usuarios residenciales, sin contemplar a las industrias, comercios y otros tipos de organizaciones.

La audiencia del 16 de septiembre permitirá al Gobierno presentar solamente los incrementos de los precios del gas a boca de pozo (el que tiene una incidencia del 60 por ciento en la factura domiciliaria), mientras que en la de octubre próximo se realizará la revisión integral tarifaria que permitirá sumar la readecuación de los items de transporte y distribución.

Aranguren señaló que el incremento promedio del 203% a partir del 1 de octubre próximo explica la variación del boca de pozo de 2014 y el esquema de costos de operación e inversión que en abril presentaron las dos transportadoras existentes y las nueve distribuidoras existentes en el país para 2016, cuya situación será analizada en la revisión integral de octubre y con aplicación a partir del 1 de abril de 2017.

El trabajo contempla un esquema diferenciado para los usuarios residenciales de las provincias patagónicas cuyas tarifas de gas a boca de pozo no fueron actualizadas desde 2001 por amparos provinciales y excepciones legislativas, lo que dejó su valor en 0,11 dólar por MBTU, y cuyo esquema de actualización demandará tres años más, hasta octubre de 2022.

De esta manera, una factura media por usuario mensual no patagónico será de 107 pesos (50 pesos en los casos de tarifa social) antes de impuestos para las categorías R1, R21, R22 y R23 quienes representan el 56% del total con un consumo promedio del 56 metros cúbicos.

Para los usuarios R31, R32 y R33 que representan el 31% de la demanda de gas residencial del país con un promedio de 139 metros cúbicos de consumo será de 371 pesos (130 pesos para tarifa social), en tanto que la categoría R34 que explica un 13% de la demanda con consumo promedio de 253 metros cúbicos será de 953 pesos promedio.

La redefinición tarifaria que el gobierno aplicará a partir del 1 de octubre no prevé tope alguno, aseguró Aranguren, al considerar que esa medida -contemplada en las resoluciones posteriores al aumento del 1 de abril- no genera buenas señales para reducir el consumo.

En el Ministerio de Energía informaron que hasta el momento hay 325 inscriptos a la Audiencia Pública del 16 de septiembre que se realizará en la Usina del Arte del barrio de La Boca, lo que obligará a desdoblar el encuentro en dos jornadas, por lo que el segundo día sería el sábado 17 o el lunes 19 de septiembre.

Concluida la audiencia pública, el Ministerio tendrá un plazo de 10 días para presentar el informe de la misma y otros 30 días para dar a conocer la resolución sobre las consideraciones recogidas.

Aranguren consideró que el nuevo esquema tarifario propone "una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años" al tiempo que permitirá "mantener la protección sobre los más sectores vulnerables al asegurar que la tarifa social llegue a quien la necesita".

También entendió que el nuevo esquema busca subsanar servicio distorsionado por ser distorsionado por la superposición de subsidios, desigual porque contempla a 8,1 millones de hogares de los 13 existentes en el país, injusto por subsidiar proporcionalmente a los sectores de mayores ingresos, y arcaico por generar pocos incentivos al ahorro y la eficiencia energética.