Al asumir como presidente de la Nación, Mauricio Macri resaltó la necesidad de transparentar la gestión pública dando publicidad a los actos e información del gobierno, como una forma de mejorar el diálogo entre el ciudadano y los gobernantes, para que cada uno pueda aportar a mejorar las políticas públicas. 

Genera esperanzas que dentro de la agenda del gobierno nacional se encuentren la transparencia, el acceso a la información pública y el diseño de un gobierno abierto, necesarios para el fortalecimiento democrático. Estos temas deben ser los pilares de un Estado moderno y vamos a promover desde el Congreso Nacional el debate parlamentario para lograr la tan ansiada Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Es necesario que tanto ciudadanos como gobernantes comprendamos la importancia de contar con este tipo de herramientas. Como ciudadanos, es nuestro derecho conocer todo tipo de información en manos del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado tiene la información sólo en cuanto es representante de los individuos. Saber qué sucede en la administración es conocer qué y cómo se gestiona con el dinero de los contribuyentes. 

Por su parte, los servidores públicos debemos comprender que tenemos el deber de rendir cuentas a quienes representamos y, lo que es más importante, que es nuestro deber garantizar el acceso a la información pública, publicar la información y contar con políticas de probidad y transparencia que fortalezcan la democracia. En efecto, un Estado democrático moderno es aquel que habilita el diálogo entre el ciudadano que pregunta y opina y el gobernante que informa y escucha para mejorar su gestión. 

Argentina, Bolivia y Venezuela son los únicos países de América que no tienen una ley nacional de acceso a la información pública. A nivel nacional y solo aplicable al Poder Ejecutivo Nacional existe el Decreto 1172 del año 2003, pero los funcionarios se han negado sistemáticamente a brindar información.

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado varios fallos en los que ratificó carácter de derecho humano del acceso a la información pública, obligando a los organismos públicos a transparentar y publicar la información. En marzo de 2014, en el caso "Cippec" el máximo tribunal reclamó la urgente sanción de "una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia del principio de razonabilidad, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho." 

A nivel local, la Constitución de la provincia de Buenos Aires en su artículo 12 inc. 4 establece el derecho de todas las personas en la Provincia a la información y a la comunicación. Además, en el año 2000 se sancionó la Ley provincial N° 12.475 de Acceso a la Información Pública, pero la mala práctica generó de hecho una importante limitación para acceder a la información, que es la obligación de acreditar de un interés legítimo. Si bien se reglamentó la ley estableciendo que el derecho es para todas las personas, las autoridades provinciales siguen utilizando el deber de acreditar un interés concreto en la obtención de la información solicitada, para de esta manera denegarla. Por lo tanto, a nivel provincial también es urgente modificar la ley adecuándola a los estándares internacionales de derechos humanos.

La falta de publicidad de la información del Estado dificulta el control sobre la gestión de los funcionarios públicos, afecta derechos y genera consecuencias drásticas en la vida de los ciudadanos. Así, por ejemplo, si los ciudadanos pudieran conocer el estado y avance de las obras de mejora y mantenimiento de los servicios públicos y esa información estuviera accesible, demoras innecesarias o desmanejos de la obra pública podrían prevenirse o, al menos, serían más difíciles de esconder. 

Hemos visto en estos días que las nuevas autoridades nacionales, provinciales y municipales desembarcaron en sus cargos sin conocer de antemano con qué se iban a encontrar. No se conocían las reservas del Banco Central, no se conocía la situación económica y financiera de la provincia de Buenos Aires, y los nuevos intendentes se encontraron con municipios prácticamente saqueados, muchos de ellos porque sus antecesores luego de estar demasiados años en el poder, no comprendieron que los bienes y la información pública no les pertenecía a ellos sino al pueblo.

Hoy, con un gobierno de cambio, tenemos la oportunidad histórica de darle a nuestro país las normas y las instituciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Se trata de abrir una nueva forma de comunicarse con quienes gobiernan, involucrándose en las políticas públicas y la gestión estatal a través de herramientas que le permitan conocer y cuestionar la información del Estado.

(*) Diputada nacional bonaerense de la UCR en Cambiemos

Publicada en Ecos Diarios, el domingo, 17 de enero de 2016.