Las polémicas conocidas en las últimas horas en distintos municipios donde intendentes del oficialismo que perdieron las elecciones hicieron designaciones masivas de personal y las gestiones del gobierno nacional para cubrir cargos vacantes en la justicia y otras áreas,  derivaron en que el jefe de gobierno porteño y candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, se pronuncie de forma contundente, diciendo que si llega a la jefatura de Estado va a "revisar todas las designaciones de último momento" en los organismos públicos, porque "el Estado no es un aguantadero de La Cámpora".

"Vamos a revisar esos contratos. Si hay un eje que marca la diferencia en Cambiemos es que el Estado tiene que estar al servicio de la gente. No puede ser un aguantadero de la política ni de La Cámpora. Eso destruye la posibilidad de crecer, paremos un poco", dijo Macri.

El candidato opositor consideró "lamentable" las actitudes de intendentes que tras perder hacen designaciones masivas de punteros oficialistas para condicionar económicamente las gestiones y los instó a "tener gestos de seriedad".

"Lo que falta en la Argentina es trabajo y generándolo en el sector privado es la manera, no que usen el Estado para esto", se quejó Macri, que agregó: "La apuesta es que aquellos que no tengan un trabajo que lo consigan y los que ya lo tienen, que puedan volver a ahorrar".

El caso más grave de estas situaciones se da en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, donde el intendente Roberto Sánchez permanece desde anoche "sitiado" en la sede comunal junto a sus asesores, a raíz de las amenazas y protestas de trabajadores municipales que fueron incorporados por su antecesor pocos días después de perder las elecciones y fueron cesanteados.

Como no tiene forma de sostener semejante aparato estatal en una localidad de 50.000 habitantes, Roberto Sánchez (de origen radical) decidió cesantear al enorme grupo de incorporados que incluye punteros kirchneristas.

El funcionario denunció que al asumir se encontró con que su antecesor el kirchnerista Osvaldo Morelli había designado después de perder las elecciones "un total de 650 empleados, por decreto a  430 personas y dejó una planta permanente de 1.080 trabajadores". Como puede sostener esa estructura en un pueblo de poco más de 50.000 habitantes, resolvió cesantearlos e iniciar un proceso de convocatoria de a uno para saber quién trabaja y quién no, tras lo cual le bloquearon la salida del municipio y lo tienen amenazado de muerte.