Lo que no consiguió ningún proyecto del Ejecutivo platense, lo logró un fuerte cruce entre el oficialismo municipal y la Corte que incluyó difamaciones públicas de algunas de las principales espadas brueristas -los acusaron de actuar en connivencia con el Ministro Julio Alak-; hostigamiento a través de un camioncito que circuló alrededor de los Tribunales con graves acusaciones anónimas contras Ministros a los que identificaban con nombre y apellido y operativos sorpresas en un Country donde reside uno de los integrantes de la Corte, justamente aquel contra el que los representantes brueristas apuntaron sus graves acusaciones.

A través de una solicitada firmada por la totalidad de los partidos políticos de la oposición más el kirchnerismo platense enfrentado a Bruera, los concejales -la mayoría de ellos candidatos a intendente municipal- repudió las presiones, y respaldó públicamente la decisión de la Corte: "acompañamos la medida cautelar dictada por la Suprema Corte, porque previene los daños irreparables que causaría la vigencia del nuevo código", aseguran.

El texto sostiene que la norma en cuestión, "viola principios constitucionales nacionales y provinciales" y denuncia, entre otras cosas, que "elimina los mecanismos de control y le otorga facultades discrecionales al intendente" para resolver el avance de cualquier obra en la Capital provincial, sin control alguno por parte del Concejo Deliberante platense. Siempre según los representantes de la totalidad de los partidos políticos con representación institucional en La Plata -con excepción del bruerismo-, la nueva norma, "propone la proliferación de edificios en el casco urbano" de la Capital provincial lo cual -aseguran- "pone en riesgo de colapso a las redes de servicios elementales como cloacas, agua y gas".

Los concejales, senadores y diputados provinciales platenses apuntaron además contra el principal argumento de quienes sostienen la "presión" ante la Corte, para que vuelva atrás en su resolución: "El código suspendido por la Corte -aseguran- no estaba vigente porque no había sido debidamente convalidado por la Provincia (Dec. Ley 8912)" y aclara que en función de esa situación, "la Municipalidad no debió autorizar obras bajo esa norma". "Si alguien alega que se pierden las fuentes de trabajo por esta norma, quiere decir o que miente o que están trabajando de manera irregular, porque la ordenanza suspendido aún no está legalmente vigente", explicó uno de los firmantes a INFOCIELO.

Entre los firmantes, representantes de todas las fuerzas políticas locales, aparecen los senadores Guido Carlotto -FpV-PJ-; Luis Malagamba y -GEN-; Javier Mor Roig -CC-; los diputados Gonzalo Atanasof -Unión Celeste y Blanco-; Julio Garro -PRO-; Oscar Negrelli -CC- y Sergio Panella -UCR-, más los concejales José Ramón Arteaga -UcyB.- Daniel Caferra -Nuevo Encuentro-; Gastón Crespo -GEN-; Guillermo Duva -UCR-; Julio Irurueta -PRO-; Pablo Pérez -CC-; Susana Sánchez -CC-; Sebastián Tangorra -FpV-PJ- y Teresa Urriza -FpV-PJ

Además de las preocupaciones que hizo públicas el máximo Tribunal a través de una resolución firmada por todos sus miembros en la que recordó que "resulta inaceptable la pretensión de discutir los fallos judiciales mediante presiones o imputaciones calumniosas a sus miembros, todo lo cual menoscaba la independencia del Poder Judicial", en las últimas horas trascendió otra preocupación.

Fuentes confiables del entorno Judicial aseguran haber comprobado que 'el camioncito' que agraviaba a los ministros habría salido "del corralón municipal". Y denuncian la persecución a la que son víctimas algunos de sus integrantes, con medidas como las que adoptó una dependencia municipal la semana última, que incluía operativos de control de construcciones -que generalmente se realizan desde ARBA- en un reconocido Country platense en el que, se sabe, vive uno de los Ministros del Tribunal. Precisamente la ausencia de ARBA en el operativo realizado por  una oficina municipal, fue interpretado como que Scioli, socio político del alcalde platense, también se distanció de la feroz pelea entre el Ejecutivo local y la Justicia.

Entre los empresarios, además, dejaron ver otro tipo de "preocupación", que a diferencia de otras expresiones del mismo espacio nunca tomaron estado público, advirtiendo sobre los riesgos que significa la "concentración del poder" para poder ejecutar obras privadas, en manos del Intendente platense y un reconocido grupo empresario de La Plata.

"Por ahora, no hubo problemas, pero mañana queremos encarar algún tipo de emprendimientos que pueda perjudicar al empresario, y se va a complicar la habilitación de la obra, si es que, ahora, sólo resuelve el Ejecutivo", ilustró uno de ellos la preocupación.