La situación del magistrado Rafael Sal Lari volvió a pasarse para un cuarto intermedio para el próximo lunes. No obstante, la decisión de suspender o mantener en su cargo al juez de San Isidro Rafael Sal Lari  despierta polémica y voces a favor y en contra. Esto sucede en el marco del creciente enfrentamiento entre los mal llamados jueces "garantistas" -partidarios de una mayor flexibilidad- y los mal llamados "mano dura" -defienden la aplicación tradicional del  sistema judicial-.

Así las cosas, hay un sector que insiste en la necesidad de abrir el proceso de juzgamiento del juez que en 2006, no sólo rechazó la detención del hombre que abusó de su hija en Pilar pese a que las pruebas de ADN dieron positivas sino que además no autorizó su exclusión del hogar, poniendo en riesgo la integridad del resto de los integrantes de la familia, quienes se vieron obligados a abandonar el domicilio y deambular por distintos domicilios. Otro de los casos que despertó más polémica fue cuando  la Cámara de Apelaciones de San Isidro denunció que Sal Lari se había "olvidado" de  ordenar la libertad de un preso que estuvo ocho meses detenido sin causa justificada.

Por un lado, el proceso contra el juez es impulsado por el intendente de San Isidro Gustavo Posse, por asociaciones civiles que agrupan a víctimas de hechos delictivos como Madres del Dolor y el titular de la Comisión Bicameral para Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, el diputado Gabriel Villegas del Frente para la Victoria.

Por otro, está el CELS que preside Horacio Verbitsky y más de trescientos representantes de organizaciones sociales y de "derechos humanos", funcionarios judiciales y académicos quienes elaboraron un documento en el que rechazan el proceso de remoción iniciado contra  el juez.

En síntesis, el documento del CELS señala que "Sal Lari está siendo acusado por hechos falsos", que se "buscan  emparentar los reclamos de seguridad con restricciones en el ejercicio de derechos" y que  el Jury en su contra es "impulsado por una campaña política y mediática que utilizó al  juez como chivo expiatorio".

No tardaron en salir las voces en contra. El mencionado diputado provincial Villegas respondió que "Sal Lari será juzgado, no por garantista, sino por no cumplir con la ley", dijo el legislador. "En ningún momento la Comisión (que denunció presuntas irregularidades cometidas por el magistrado)  actuó en busca de un plan de seguridad, sino haciendo uso de las facultades  constitucionales que son otorgadas a los efectos del control". 

"Sal Lari será juzgado no  por garantista, sino por no cumplir con la ley, tanto al momento de liberar detenidos como  al momento de dejar 7 meses detenida a una persona a la que se le había ordenado liberar",  respondió el legislador. Y rechazó la existencia de "presiones": "la Comisión Bicameral sólo ha recibido mensajes telefónicos y escritos intentando ejercer presión provenientes  de estos organismos que hoy tildan el caso como una campaña política y mediática".

Vivian Perrone, de Madres del Dolor, dijo sobre el pronunciamiento del CELS: "la verdad es que me extraña la posición del CELS. Lo que puedo decir es que nosotros no estamos discriminando como plantearon ellos. Si un juez dice que un hombre violó a su hijo es un violador; no lo puedo llamar sacerdote. Lo que pido es que utilicemos el sentido común" destacó.  

En tanto, Isabel Yaconis, madre de Lucila, la joven que fue violada y asesinada en Núñez, dijo que "es muy difícil llevar un juicio de esta índole a un juez porque volver a pasar a  un cuarto intermedio es una operación de desgaste".

La polarización respecto del tema se traduce también en los medios de comunicación. La pantalla de C5N y Radio10 apuntan al juez llamándolo "garantista" y desde los medios de Sergio Szpolski se lo defiende a capa y espada.

Cabe recordar que Sal Lari fue cuestionado inicialmente por doce episodios de  "irregularidad", sin embargo, la comisión bicameral de la Legislatura bonaerense dejó en pie cuatro  acusaciones.

En marzo de 2006, Madres del Dolor impulsó el juicio político contra Sal Lari por su actuación en el caso de un acusado de haber violado a su hija en Pilar. Las muestras de ADN dieron positivo cuando el acusado vivía aún en la misma casa que la víctima. Pero el magistrado no sólo rechazó su detención sino que además no autorizó su exclusión del hogar, poniendo en riesgo la integridad del resto de los integrantes de la familia,  quienes se vieron obligados a abandonar el domicilio y deambular por distintos domicilios.

Uno de los casos que despertó más polémica fue cuando la Cámara de Apelaciones de San  Isidro denunció que Sal Lari se había "olvidado" de ordenar la libertad de un preso que  estuvo ocho meses detenido sin causa justificada.

A pesar del largo debate, el Tribunal de Enjuiciamiento todavía no decidió si esas actuaciones constituyen mal desempeño de las funciones del juez. Según fuentes policiales, por ese motivo postergaron la decisión. 

Según el secretario del organismo juzgador, Ulises Giménez, "se trata de casos muy  complejos, que requieren mucho estudio".

Cabe recordar que entre las causas por las que la Comisión Bicameral acusó a Sal Lari se encuentra el caso de Cesar Miño, quien fue denunciado por abuso sexual agravado contra su  hija de 12 años de edad en ese momento, algo que venía sucediendo desde 6 años antes.

A partir de comprobarse los hechos denunciados, la Fiscal solicita la exclusión del hogar  que fue denegada por el magistrado, aduciendo que la petición era prematura, sin averiguar  sobre lo actuado en el Juzgado de menores con fecha anterior a la decisión de no hacer  lugar a la exclusión, donde estaban las constancias que avalaban dicha medida.

SegúnVillegas, "en este caso, se considera que el Juez vulneró los derechos consagrados en la Convención  del niño, privilegiando la situación del padre",

Otro de los hechos por los que se acusó al magistrado de San Isidro es el que deriva de un asalto protagonizado por dos delincuentes que despojan a una pareja de sus bienes y abusan  sexualmente de la mujer. Ambos fueron excarcelados bajo caución juratoria, sin tomarse en  cuenta que uno de ellos, al momento del ilícito, había violado un arresto domiciliario  impuesto por el Tribunal de La Matanza.

En tanto, en otro caso, con numerosas pruebas que acreditaban venta de estupefacientes, un  Fiscal solicita un allanamiento que fue concedido por Sal Lari para hacerse efectivo recién tres días después, lo que impidió que se lograra un buen resultado en la investigación.

El otro hecho por el que la Comisión Bicameral decidió asumir el rol de  acusador es el que denuncia que la Cámara de Apelación de San Isidro dispone la libertad  de un detenido, que debía hacer efectiva el Juez Sal Lari, quien libró una orden a la  Comisaría para que el detenido compareciera al día siguiente en el Tribunal, pero ante su  inasistencia, no verificó el cumplimiento de la orden, sin preocuparse ni por llevarlo  nuevamente al Juzgado, ni por solicitar el acta de liberación, lo que ocasionó que la  detención se prolongara durante 7 meses más, y recién se solucionara cuando el mismo  imputado reclamó por sus derechos.