El inicio del trámite legislativo necesario para aprobar el traspaso de la Autopista La Plata-Buenos Aires a la órbita bonaerense, comenzó ayer con una serie de planteos y reclamos de diputados platenses y de la región. En el marco de los primeros tironeos, algunos de ellos pidieron que se convoque a una audiencia pública antes de votar la transferencia, en tanto que otros reclamaron que la Nación rescinda el contrato con la actual concesionaria como requisito previo al pase a la Provincia.

En el arranque del debate que el oficialismo pretende apurar en la Legislatura, el presidente del bloque del Frente para la Victoria Juan De Jesús, convocó a legisladores de La Plata y al presidente de la comisión de Obras Públicas Carlos García, a quienes entregó copias del convenio de transferencia firmado hace varias semanas por los gobiernos nacional y bonaerense y que deberá refrendar la Legislatura.

Y en ese contexto, aparecieron los primeros planteos. Según trascendió, el macrista Julio Garro, quien encontró el respaldo del legislador de la Coalición Cívica Oscar Negrelli, reclamó el llamado a una audiencia pública antes de avanzar con el trámite parlamentario. Además, planteó conocer de qué forma la concesionaria Coviares cancelará la deuda de 85 millones de pesos, según estimó, mantiene con el Banco Provincia. "Se quiere avanzar para aumentar el peaje cuando no sabemos qué compromiso de obras existen", indicó el legislador, quien criticó a la administración de Daniel Scioli "porque se hace cargo de concesiones deplorables como ocurrió con el caso de Edelap".

En tanto, el diputado radical García adelantó que la comisión de Obras Públicas abrirá "una ronda de consultas", pero reclamó que en primera instancia el gobierno nacional resuelva la situación de Coviares. "Primero que el gobierno nacional se haga cargo de los costos" disparó el legislador y pidió que "le de fin a la relación con la concesionaria para luego sí dejar que la Provincia se pueda hacer cargo".

García anticipó que su comisión seguramente citará a algún funcionario, y volvió a fustigar la decisión de la Provincia. "Es un acto de irresponsabilidad por parte del gobernador tomar la concesión de esta manera alegando como argumento la seguridad de los automovilistas".

De la reunión participaron también el presidente de la comisión de Asuntos Municipales, Gabriel Bruera, el radical Sergio Panella y el denarvaísta Gonzalo Atanasof, quien dijo que "no vamos a permitir que aumente el peaje. Pretendemos que se obligue a la empresa a hacer las obras que se reclaman y después que se autorice la suba de la tarifa".

El convenio establece el traspaso de la concesión de la Autopista por un período de 30 años, y si bien abre la puerta a una posible rescisión con la concesionaria, el gobierno de Scioli se encamina a respetar el contrato que vence en 2017.

En el marco del traspaso, se prevé la conformación de un fideicomiso al que se girarán todos los ingresos de que por todo concepto reciba Coviares (peajes y servicios públicos o comerciales). Y la Provincia será la que autorizará los gastos desde el fideicomiso a los efectos de afrontar los costos de la concesión, el mantenimiento y el plan de expansión, además de la cancelación de pasivos.

La transferencia de la Autopista La Plata-Buenos Aires llega en momentos en que se registra un fuerte deterioro del camino producto de la falta de inversiones. Y en medio de una ola de reclamos, el juez federal de Quilmes Luis Armella, dictó una medida cautelar que mantiene frenado desde hace varios meses el aumento del precio del peaje que había resuelto el gobierno nacional.

El planteo judicial fue promovido por el concejal platense Gustavo Luzardo, al que se sumó el diputado Atanasof. La dirigencia platense pretende que la empresa o quien la reemplace, encare una reparación integral de la autopista, que termine las obras de las bajadas en Villa Elisa y City Bell y que se construya el tercer y cuarto carriles entre Hudson y Quilmes.

WZ