En la antesala al inicio del debate en el Senado sobre el proyecto de flexibilización laboral del Gobierno, la diputada nacional de Unión por la Patria y ex ministra de Trabajo Kelly Olmos presentó su propia iniciativa de modernización que, lejos de restringir derechos a los trabajadores, busca salvaguardarlos y ampliar sus alcances, en concordancia con los cambios tecnológicos y sociales que reconfiguraron el mundo del trabajo.

La ex titular de la cartera laboral marcó la cancha desde la oposición con su propia iniciativa, que este martes sumó una oleada de firmas pese al recelo del kirchnerismo.

Las primeras firmas que acompañaban el proyecto fueron del ex director general de Aduanas Guillermo Michel; de la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y de Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero.

Se trata de un grupo de diputados que viene trabajando con una dinámica propia, con el norte puesto en una “agenda federal” que no siempre encuentra el eco esperado en la conducción del bloque.

Este martes se sumaron las adhesiones al proyecto de Eduardo Valdés, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Blanca Osuna, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, María Graciela Parola, Héctor Marcelo Mango, Gabriela Pedrali, Luis Eugenio Basterra y María Graciela de la Rosa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, antes de presentar su proyecto por mesa de entradas, Olmos lo había girado previamente a los jefes de las bancadas peronistas en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans, de Diputados y el Senado, respectivamente, pero la respuesta no fue inmediata y más bien recorrió el andarivel de la evasiva.

La interna

En el kirchnerismo no están acostumbrados a que les marquen los tiempos de la estrategia política, y por eso inicialmente escatimaron las firmas a la iniciativa presentada por la ex ministra de Trabajo.

“Son cosas menores. Lo importante es agitar el debate sobre lo nocivo del proyecto oficial y discutir desde una alternativa”, sostuvieron al respecto fuentes cercanas a Olmos en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. 

Los bloques, tanto en Diputados como en el Senado, responden todavía a un sistema de validación para la toma de decisiones que requiere en última instancia del visto bueno de Cristina Kirchner.

Más allá de que los diputados del bloque, especialmente aquellos que no están encorsetados en La Cámpora o el ultra kirchnerismo, pueden presentar iniciativas sobre diversa índole sin necesidad de legitimar cada acción con San José 1111, el caso de la reforma laboral es un debate con una densidad y una sensibilidad tal que no admitía a priori propuestas inorgánicas. Hasta que alguien sacudió el árbol. 

Kelly Olmos marcó la cancha desde el peronismo

En alerta por la cruzada del Gobierno para convertir en ley en febrero al proyecto que plantea un “regreso al siglo XIX”, Kelly Olmos se rebeló a esta lógica de la precaución extrema que impone el kirchnerismo y dio un paso adelante sin especulaciones, y sin medir consecuencias internas.

Después de algunos días en los que primó la cautela, el proyecto logró captar firmas importantes como la de Agustín Rossi (muy cercano a Germán Martínez) y Hugo Yasky, del Movimiento Derecho al Futuro referenciado en el kicillofismo.

Las ocho propuestas contenidas en su ambiciosa reforma de modernización laboral no distan demasiado de las iniciativas que los equipos técnicos y profesionales del PJ desarrollaron a través de un extenso documento que entregaron en mano a Cristina Kirchner a fines del año pasado, en una actividad coordinada por la diputada kirchnerista Vanesa Siley.

El texto

En el menú de ocho pasos de la dirigente peronista aparecen propuestas como "el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo", "la modificación del régimen de corresponsabilidad parental" (120 días de licencia para personas gestantes y 30 días para no gestantes), “el financiamiento bancario de indemnizaciones”y  “la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales”. 

También "la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo", "la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo", "la regulación del trabajo en plataformas digitales" y "la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas".

Este paquete de reformas sintetiza la contracara de la iniciativa del Gobierno que, entre otros puntos, prioriza los acuerdos por empresa por sobre los de la actividad, reduce los costos de las indemnizaciones, impone la lógica de bancos de horas a la libre discrecionalidad de las patronales, y restringe el derecho a huelga, entre otros aspectos clave.

“Con la excusa de una supuesta modernización, el proyecto del gobierno nacional no sólo no innova sino que pretende, una vez más, regresar al siglo XIX”, expresó Olmos en los fundamentos del proyecto. 

Para la diputada peronista, la iniciativa oficial “busca destruir el derecho laboral para reemplazarlo por el civil y comercial donde no se reconoce la asimetría de poder” y también apunta a “destruir el derecho a huelga para reemplazarlo por el Código Penal”.

“El proyecto del gobierno no solo no promueve la formalidad laboral, disolviendo la frontera entre trabajo formal e informal, sino que, por el contrario, universaliza la precariedad”, advirtió.

También alertó que el proyecto libertario “busca extender la jornada hasta las 12 horas diarias sin el pago correspondiente de horas extra”. “¡Dicen que vienen a modernizar el mundo del trabajo y quieren hacernos volver a discutir la jornada de 8 horas!”, se lamentó. 

A su vez, señaló que el Gobierno “busca cambiar el sistema de indemnizaciones vigente y transferir el costo de la contingencia del empleador al trabajador y trabajadora, a los jubilados y pensionados”. “Esto vulnera el principio de responsabilidad empresarial, socializando el costo”, enfatizó.

Para la opositora, “en la práctica, esto significa un vaciamiento de los recursos del ANSES para privatizarlos” a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) “en un mecanismo de carácter financiero”. 

“Esto nos recuerda la etapa de la privatización de las jubilaciones que terminó con la quiebra del Estado y la crisis del 2001”, acotó. 

“En el corazón de su proyecto está la intención de sustituir la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios por la unilateralidad del patrón”, advirtió, y agregó que en definitiva se pretende “invertir la pirámide de negociación, priorizando los acuerdos por empresa y promoviendo sindicatos a imagen y semejanza de la patronal”. (NA)