La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) actualizó las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), marcando un cambio de paradigma en la gestión de las terminales aéreas del país.

En un movimiento considerado por las autoridades del área como “estratégico” y “destinado a elevar los estándares de eficiencia y seguridad en el espacio aéreo nacional”, se oficializó una profunda reforma normativa a través de la publicación de las Resoluciones N.º 54/2026 y N.º 55/2026, en el Boletín Oficial.

Esta reconfiguración, que se alinea con las recomendaciones críticas de la (OACI), busca desburocratizar los procesos operativos y permitir que la autoridad aeronáutica se concentre exclusivamente en su función esencial: el control, la supervisión y la fiscalización del sistema, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El núcleo de la reforma reside en la actualización de la RAAC Parte 153. Bajo este nuevo esquema, funciones operativas que históricamente recaían en las Jefaturas de Aeródromos y Aeropuertos de la ANAC son transferidas directamente a los explotadores de aeródromos, como es el caso de Aeropuertos Argentina.

A partir de ahora, los explotadores asumen la responsabilidad total sobre:

Los servicios de dirección y seguridad operacional en plataforma.

La emisión de credenciales vehiculares y permisos de conducción en áreas de movimiento.

El servicio de Follow-Me y el control estricto de vehículos.

Uno de los avances más significativos es la eliminación de intermediarios en la transmisión de datos críticos. Los explotadores ahora notificarán de forma directa al Servicio de Información Aeronáutica (AIS) las condiciones del aeródromo, incluyendo el estado de la superficie de pista. Esta medida suprime demoras innecesarias, garantizando que los pilotos y aerolíneas cuenten con información en tiempo real, vital para la toma de decisiones en vuelo.

La normativa también introduce una distinción lógica en los Planes de Emergencia de Aeródromo (PEA). Mientras que los aeródromos públicos controlados deben mantener un plan riguroso aprobado por la ANAC, los aeródromos de menor complejidad —públicos no controlados y privados— podrán implementar Planes de Respuesta a la Emergencia.

Estos últimos no requerirán la aprobación previa del organismo, sino que se basarán en una coordinación estrecha con los medios locales (bomberos, servicios médicos y defensa civil), simplificando la carga administrativa para las terminales de menor riesgo operativo sin comprometer la integridad de los usuarios.

Complementando la reforma, la aprobación de la RAAC Parte 77 establece un marco regulatorio estricto para las actividades de terceros en el entorno aeroportuario. Esta norma regula la construcción de edificios, la instalación de antenas, aerogeneradores y cualquier estructura que pueda interferir con las superficies de despeje de obstáculos.

La importancia de esta parte radica en su armonización con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR 77). Al unificar los requisitos en un solo cuerpo normativo, la ANAC garantiza que el desarrollo urbano y tecnológico de las ciudades no colisione con la seguridad de las operaciones aéreas, manteniendo la regularidad de los vuelos bajo estándares internacionales.

El proceso de transición será supervisado minuciosamente por la autoridad aeronáutica. Los explotadores de aeródromos disponen de un plazo de treinta días corridos desde la publicación de la normativa para presentar un cronograma de transferencia de servicios. Dicho cronograma deberá ejecutarse en un periodo máximo de ciento ochenta días.

Durante este lapso, el Jefe de Aeródromo mantendrá su autoridad, pero su función mutará: dejará de ser un gestor operativo para convertirse en el principal fiscalizador del cumplimiento de las normas. Esta separación de funciones entre quien opera y quien controla es, según expertos del sector, la piedra angular para reducir el riesgo de incidentes y mejorar la competitividad de la aviación argentina en la región.(NA)