En diálogo con Radio Provincia AM1270 precisó que a diciembre de 2025, la gestión de Milei debe $2,1billones sumando las cajas del Instituto de Previsión Social, del BAPRO y de la Policía Bonaerense: “Dicho monto representa un tercio de nuestro presupuesto”, remarcó. 

"La deuda que mantiene la Nación con la Provincia no es con la administración bonaerense sino con sus jubilados, mientras que desde el gobierno provincial se sigue garantizando el pago de más de 380.000 prestaciones todos los meses”, y subrayó que “no se trata de una fiesta de reparto de plata o algo que es discrecional, sino de fondos establecidos por ley”. 

Moretti enfatizó que esta dinámica está “en la esencia de la formación nuestra como República” dado que “las distintas jurisdicciones ceden recursos para que las administre el Estado Federal y las distribuya a través de las leyes”. En ese marco, señaló que “así se celebran los números desde Nación, pero en realidad, el equilibrio fiscal es debiéndole plata a todo el mundo”.  

Seguido, especificó que los organismos afectados son “los que administran sus propias cajas de jubilaciones y pensiones del sector público” y aclaró que las transferencias, “aunque no sean automáticas (porque dependen de un cálculo) son obligatorias” y  “están establecidas por la ley de Reparación Histórica de 2016”. 

Allí, “la Nación asume un compromiso de calcular, junto con las Cajas, la cobertura de los déficit”, y expuso que la norma “tienen un sentido reparador, ya que cuando las cajas provinciales se transfirieron al ANSES hace 30 años, las jurisdicciones provinciales dejaron de percibir coparticipación. Por lo tanto, estos (fondos adeudados) son una compensación que dejamos de percibir y que todos los años la Ley debe calcular, de acuerdo a las reglas de cada caja”. 

“A partir de la asunción del gobernador Axel Kicillof empezamos un proceso de trabajo para poder percibir esas diferencias. Pero, desde que asumió Javier Milei la presidencia esos pagos se han discontinuado”, continuó Moretti. “Hemos intentado todo pero no hemos tenido respuestas ni una sola razón que justifique el incumplimiento”, lamentó. 

Ante esta situación, la Provincia en 2024 interpuso una demanda con el patrocinio de la Fiscalía de Estado que está en manos de la Corte Suprema”. De hecho, hay muchas provincias que han judicializado la cuestión. "Han pasado 24 meses y no hemos tenido respuestas de quienes deben dirimir las diferencias y exigir que se cumplan las leyes”, cerró.