El Comité realizó esta presentación luego de recibir llamados de varios detenidos que denunciaban el agravamiento de sus condiciones de detención. El hacinamiento, el colapso de las cloacas, la escasa y mala alimentación y la carencia de agua potable, dificultaban la convivencia de los 54 detenidos alojados en un pabellón con capacidad para 26.

El Juez Federico Guillermo Atencio constató las denuncias y dio un plazo de 30 días para que las autoridades correspondientes resuelvan la situación. Así le hizo lugar al habeas corpus y ordenó "la correcta provisión de agua potable al pabellón; la reparación de filtraciones, del tendido eléctrico y de todo aquello que hace al sistema sanitario". También constató déficits alimentarios y dispuso la provisión de una correcta alimentación, subrayando los casos de un detenido que es celíaco y otros que padecen VIH, quienes no reciben las dietas prescriptas por los médicos.

El Juez Atencio criticó a la justicia y reconoció que las políticas criminales actuales son defectuosas en lo que hace a la prolongación de los procesos y la magnitud de las penas en función de la resocialización de los detenidos. El Juez considera que procesos más cortos serían más útiles y efectivos para los fines preventivos de la cárcel e incidirían en la disminución de la población carcelaria.

Sin embargo, en su fallo el magistrado critica la acción del Comité evaluándola como "inflexible" y señalando que "desalientan el afán de las autoridades provinciales" por corregir la situación y "se condice con las posturas que a diario se advierten en las manifestaciones de políticas encontradas de los que los jueces no deben ser participados".

"Estos conceptos del Juez, llaman la atención por su desapego a los principios generales de los derechos humanos incorporados a la normativa constitucional argentina. Los derechos humanos se cumplen o no se cumplen, no se puede ser "flexible" en su aplicación, ni aceptar su cumplimiento parcial o relativo" señalan desde el Comité mediante comunicado.

Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura de la CPM explicó, "en la Unidad 35 se constataron graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas. Por eso el fallo es favorable. Increíblemente y de manera contradictoria, el juez destaca las políticas penitenciarias de la actual gestión y mata al mensajero. Según él, quien denuncia es el responsable de que los funcionarios provinciales se sientan desalentados para cumplir con sus obligaciones".

Por su parte Alejandro Mosquera, secretario sjecutivo de la CPM afirmó, "la Comisión por la Memoria valora las críticas del magistrado en sentido positivo, ya que son reales y producto de una decisión institucional: el sostener siempre una posición inflexible en la lucha contra la tortura y las aberrantes violaciones de derechos acontecidas en lugares de detención. Las atrocidades se suceden cotidianamente, y debemos ser implacables en la pelea para terminar con estas injusticias".