El gobernador Daniel Scioli ordenó a su equipo en las últimas horas profundizar negociaciones que se vienen desarrollando con el gobierno nacional y que permitirían abrir nuevas fuentes de financiamiento de su Administración, con el objetivo de evitar su anunciada intención de impulsar una ley que declare a la Provincia en emergencia económica y financiera.

Con el elevado nivel de confrontación y tensiones con la Casa Rosada que se viene registrando como telón de fondo, el mandatario provincial intentará no presentar el proyecto de ley mencionado, en busca de esquivar un nuevo motivo de enfrentamiento abierto con sectores del propio oficialismo.

Ocurre que legisladores provinciales enrolados en espacios ultrakirchneristas ya dieron durante el fin de semana señales que anticipan que no acompañarían la declaración de la emergencia económica que anunció Scioli.

Con el argumento de que la ley de emergencia incluiría "medidas de ajuste" que "contradicen la política del gobierno nacional", los grupos ultra K de la Legislatura se convertirían, así, en un escollo más complejo que la oposición partidaria para la sanción de la norma que en principio pensaba impulsar el gobierno provincial.

El vicegobernador Gabriel Mariotto, de hecho, cuestionó el proyecto, afirmando que la iniciativa le podría permitir a Scioli enajenar activos del Estado tales como las islas del Delta y durante el fin de semana reiteró sus "prevenciones".

El diputado y dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, en tanto, blanqueó sin vueltas la decisión de su sector de no apoyar una ley de emergencia. Y aunque no definieron públicamente su postura, se sabe que los legisladores de La Cámpora y los que responden al vicepresidente Amado Boudou, al ministro Florencio Randazzo y al jefe de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, también contemplan la alternativa de rechazar una norma "de ajuste".

Es en ese contexto que Scioli decidió acelerar negociaciones que se vienen realizando desde hace tiempo con el ministerio de Economía de la Nación y con el Banco Central, y que apuntan básicamente a que la Provincia pueda utilizar, para financiar el pago del aguinaldo, los BOGAR, títulos públicos nacionales con vencimiento en el 2018 que están en poder del Banco Provincia.

Técnicamente, esos bonos constituyen un activo financiero del Bapro, pero por disposiciones nacionales deben permanecen inmovilizados porque constituyen la garantía de una deuda -asumida en su momento como consecuencia de la crisis del 2001- que a su vez mantiene la Administración provincial con el gobierno federal.

Las negociaciones, entonces, apuntan a un acuerdo a través del cual la Nación y el Banco Central autoricen a la Provincia a poder utilizar su tenencia en BOGAR, que alcanza un valor técnico del orden de los 6.300 millones de pesos, aunque la intención sería colocar en el mercado no más de entre 800 y 1.000 millones de pesos.

Junto a una serie de medidas vinculadas a reasignación y reducción de gastos, la utilización de parte de los BOGAR es, justamente, uno de los puntos que pensaba incluir Scioli en el proyecto de ley de emergencia económica, de modo que lo se se buscará ahora es que esa medida pueda concretarse mediante un acuerdo con la Nación.

JI