Fiel a su estilo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por la fuga de presos y la realidad de las cárceles de la Ciudad de Buenos Aires, y escala la tensión. 

Tras el fallo de la Justicia porteña que ordenó que los presos condenados sean trasladados a cárceles federales, a raíz de un habeas corpus presentado por la Defensoría de la Ciudad, Bullrich redactó a través de una nota su dura respuesta.

“Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”, sentenció la funcionaria luego del fallo fallo del juez Circo que no convocó al Servicio Penitenciario Federal previo a resolver, y añadió: “Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales”.

Asimismo, remarcó que la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales”, y que en caso de verificar la violación de derechos en dependencias de la Policía de la Ciudad, ”debería obligar al Gobierno de la Ciudad a ingresar a los presos en su propio sistema de Alcaidías”.

Bullrich expresó además que las acciones desplegadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar”. 

En la misma línea, pidió que la administración porteña “se haga cargo de las responsabilidades que les corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños, que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que retomen la buena fe en las negociaciones y que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantiene a los internos que cometen delitos en la ciudad”.

Por su parte, Bullrich acusó al Jorge Macri de haber “filtrado maliciosamente información falsa a la prensa”, y cuestionó la presentación de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal, lo que calificó de “imposible” por la escases de plazas necesarias, faltante que le atribuyó a la Ciudad por el incumplimiento en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

“Fueron malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”, sentenció en la carta al tiempo que remarcó que desde el 10 de diciembre de 2023, recibieron más de 5000 internos que cometieron delitos comunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este Gobierno pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, la Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”, planteó.

Por su parte, enumeró los ofrecimientos que realizó el Ministerio de Seguridad de la Nación, en paralelo a la finalización de la prisión de Marcos Paz. 

“Luego de ampliar significativamente el cupo de ingresos, en el marco de un proceso judicial, el 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 mas. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad”, puntualizó.

Además, reveló que se le ofreció al Ministro de Seguridad porteño extender esas plazas a 1000, con la garantía de que el 50% del costo de mantenimiento de cada interno esté a cargo de la Ciudad. “Esta propuesta ni siquiera fue contestada”, añadió.

En números, Bullrich aseguró que el sistema federal penitenciario aloja 11.500 internos y 6.000 son presos de la Ciudad que están siendo juzgados por delitos comunes, “con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $ 156.639.750.000”. 

“Es decir, por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Santa Fe, paga por el Servicio Penitenciario Federal, paga por el Servicio Penitenciario Provincial y, por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no hacerse cargo de sus presos, también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA”, aseveró.

En el marco de la tensión que protagoniza con Jorge Macri, pero también con su par porteño, Waldo Wolff, expresó: “En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas”.

“Es en este contexto que desde el año 2016, con la sanción de la Ley 5688, la Ciudad está en condiciones de crear su propio servicio penitenciario sin necesidad alguna de apoyo federal, así como creó la Policía Metropolitana antes de la transferencia de la Policía Federal. Hace 9 años podría haber creado su Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera”, reclamó.

Por ultimo, la funcionaria destacó la decisión del Gobierno Nacional de transferir las competencias de guarda y custodia de detenidos que permanecían en manos del SPN, cuyas negociaciones se llevan adelante desde hace semanas. (NA)