El senado bonaerense aprobó ayer un proyecto de Ley del kirchnerismo que crea un Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, cuyos integrantes podrán ingresar a cárceles y otros lugares de detención, denunciar casos de maltrato y solicitar su cese, participar en el proceso de selección del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y hasta definir el cupo carcelario.

El proyecto, impulsado por el camporista Santiago Carreras, crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un organismo autárquico que articulará las actividades de otros organismos que realizan tareas similares -como el Comité Contra la Tortura- e informará directamente al Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

El Sistema estará integrado por el Consejo Provincial de Prevención de la Tortura -compuesto por 7 miembros-, por entidades "interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura" y una Comisión Bicameral de 12 legisladores cuya composición deberá respetar la proporción de fuerzas y a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos de Diputados y Senadores.

El Consejo Provincial podrá realizar visitas de inspección en cualquier lugar de detención, recopilar la información sobre la situación de los presos alojados en cárceles bonaerenses, crear un Registro Provincia de casos de Torturas y un Registro Provincial de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus motivadas en el agravamiento de condiciones de detención.

También deberá comunicar a autoridades nacionales y provinciales la existencia de casos de torturas, y pedir la adopción de medidas urgentes para el cese del maltrato y su investigación y para la protección de las víctimas, como así también convocar a comparecer ante ellos a funcionarios y empleados de centros de detención.

Además, el Consejo podrá solicitar datos o documentación a los responsables de centros de detención, acceder a la documentación y expedientes donde conste información sobre personas privadas de libertad, entrevistar a presos, e ingresar a los lugares de detención con celulares, computadoras y cámaras para registrar las condiciones de detención. 

En tanto, el proyecto prevé que el Consejo Provincial pueda monitorear el proceso de formación, promoción y ascensos de personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), como así también de los sistemas disciplinarios y de ascensos de las instituciones que tengan a cargo la administración de los centros de detención.

También se establece que el organismo deberá presentar un informe anual ante la Comisión Bicameral, que contará con "un diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia".

El proyecto también pide a las autoridades "regular un mecanismo que permita determinar la capacidad de alojamiento de los centros de detención y las herramientas específicas para proceder ante los casos de alojamiento de personas en violación del cupo legal fijado para cada establecimiento". En ese caso, se indica que "en el proceso de fijación de cupo carcelario indefectiblemente deberá ser escuchado el Consejo Provincial cuya opinión se plasmará en un Informe que resultará relevante y vinculante para las autoridades competentes".

Finalmente, exige al Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense "crear un programa destinado a otorgar protección a aquellas personas privadas de la libertad que se encuentren expuestas a intimidaciones y/o represalias como consecuencia de las denuncias o informaciones que hubiesen proporcionado a los integrantes del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura". 

Nuevo round por la seguridad

La iniciativa aprobada ayer crea una nueva instancia de control a la crítica situación carcelaria de la Provincia, en medio de una dura puja entre el kirchnerismo y el sciolismo por las políticas de seguridad de la Provincia. 

El proyecto necesitaba la aceptación de dos tercios de los Senadores, debido a que se trató sobre tablas, pero contó con el apoyo total de los presentes, incluso de aquellos legisladores que apoyan al gobernador Daniel Scioli, nucleados en "La Juan Domingo".

El proyecto fue anunciado en marzo pasado durante una charla patrocinada por legisladores de La Cámpora y encabezada por Emilio Ginés Santidrian, miembro del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, quien calificó como "terrible" la situación carcelaria en la provincia.

Durante la presentación, el funcionario de la ONU calificó como "terrible" la situación carcelaria bonaerense, y aseguró que a su organismo "llegan una serie de denuncias que no se corresponden con el trabajo de Derechos Humanos realizado en el país".

WZ