Un año después de que la Corte Suprema anulara la acción afirmativa, las mejores universidades han demostrado que su compromiso con la diversidad racial nunca fue real.

Cuando la Corte Suprema puso fin a la acción afirmativa basada en la raza hace un año, incluso los defensores apasionados de esa práctica pudieron esperar un pequeño resquicio de esperanza: las universidades con las mayores dotaciones del país —que habían defendido con más fervor la acción afirmativa— se verían obligadas a encontrar formas alternativas de mantener cierta medida de diversidad en sus cuerpos estudiantiles. Incluso se podría imaginar una expansión de las oportunidades para los estudiantes pobres de color.

Más bien, ha ocurrido lo contrario.

Un puñado de escuelas, incluidas Amherst y Johns Hopkins, habían puesto fin a la práctica de dar admisión a los hijos de ex alumnos (las llamadas preferencias de legado) en los años previos a que se eliminara la acción afirmativa. Siete más pusieron fin a la práctica después de la decisión de la Corte Suprema el año pasado, y por un minuto pareció que las fichas de dominó caerían, pero luego ninguna otra universidad hizo lo mismo.

Mientras tanto, muchos han redoblado la apuesta por la preferencia por el legado y otros mecanismos de exclusión que impulsan las enormes disparidades de riqueza en estos campus. Y ninguna universidad “de élite” ha asumido un compromiso explícito de dar una ventaja en el proceso de admisión en función de la desventaja socioeconómica, el mecanismo más obvio para promover la diversidad. Desde hace varios años, en Harvard y otras 37 universidades y colegios de Estados Unidos, más estudiantes provienen del 1 por ciento superior de la distribución de ingresos que del 60 por ciento inferior.

La realidad es que se ha hecho tan poco en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema que, en retrospectiva, la dinámica del caso parece fundamentalmente diferente. Ahora que se acerca el primer aniversario de la sentencia, parece más preciso describir a los antagonistas del caso como socios silenciosos en un proyecto compartido de preservación de la élite estadounidense.

Superficialmente, los litigantes en el caso SFFA v. Harvard eran adversarios feroces. Edward Blum, el agitador conservador que forjó el grupo conocido como Estudiantes por Admisiones Justas, dedicó casi dos décadas a poner fin a la acción afirmativa. El principal acusado, la Universidad de Harvard, gastó unos 25 millones de dólares en litigar el caso, que enmarcó en términos existenciales. Su director de diversidad e inclusión dijo que las “comunidades diversas” eran esenciales para la “misión educativa de la educación superior” y el “éxito de los estudiantes”.

Pero Harvard (y sus pares) siempre tuvieron otra opción: aumentar significativamente la diversidad eliminando o reduciendo significativamente las preferencias de admisión o el trato especial que ofrece la universidad a deportistas, legados, donantes e hijos de exalumnos y miembros del personal (las llamadas preferencias “ALDC”), que se sabe que benefician principalmente a la gente blanca adinerada. En Harvard, donde más del 15 por ciento de los estudiantes provienen del 1 por ciento más rico, el 30 por ciento de los estudiantes admitidos son ALDC. El setenta por ciento de ellos son blancos.

Reducir o eliminar las preferencias de los ALDC también habría reducido las posibilidades de que el caso llegara a la Corte Suprema en primer lugar, una consideración estratégica importante dado que era previsible y se predijo que, si se le daba la oportunidad, la corte de tendencia derechista pondría fin a la acción afirmativa. Dado que poner fin a las preferencias de los ALDC habría sido un medio neutral en cuanto a la raza para aumentar la diversidad, no habría creado ningún problema en virtud de la cláusula de protección igualitaria.

Pero Harvard rechazó ese camino. En 2015, la universidad convocó un comité para explorar formas neutrales desde el punto de vista racial para aumentar la diversidad. Concluyó que ninguna práctica de admisión neutral desde el punto de vista racial “viable” podría mantener “los estándares de excelencia que Harvard busca en su alumnado”.

En el juicio, la jueza de distrito de Estados Unidos Allison D. Burroughs aceptó el argumento del comité. Eliminar las preferencias de ALDC, dijo, pondría en peligro importantes intereses institucionales, incluido el de hacer que Harvard sea “mucho menos competitiva en los deportes interuniversitarios de la Ivy League”. Por lo tanto, en lugar de decidir el caso sobre la base de que Harvard podría haber logrado sus objetivos de diversidad por medios neutrales en cuanto a la raza, la cuestión quedó planteada para que la Corte Suprema pusiera fin a la acción afirmativa basada en la raza para siempre, a pesar de las convincentes afirmaciones de los estudiantes negros descendientes de la esclavitud y víctimas de la historia segregacionista de Harvard .

En el argumento oral, los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas se centraron en la hipocresía de la posición de Harvard. Thomas señaló que reducir las tarifas de ALDC permitiría a la universidad aumentar significativamente la diversidad de clases. "No creo que sea discutible que Harvard sea socioeconómicamente diversa", dijo . Gorsuch señaló que los ALDC eran desproporcionadamente blancos y ricos. “Aun así”, escribió, “Harvard los apoya”. Se convirtieron en parte de la mayoría de 6-2 que consideró inconstitucionales las políticas de admisión de Harvard.

El juez Clarence Thomas formó parte de la mayoría de 6 a 2 que sostuvo que las políticas de admisión de Harvard eran inconstitucionales. | Foto de Erin Schaff

Tras la decisión, muchos defensores de la reducción de la desigualdad en la educación superior esperaban que Harvard y sus pares pusieran fin a la preferencia por los legados. Antes de la SFFA , uno podría imaginarse a estas universidades diciendo con cierta indiferencia que hacen algo virtuoso (acción afirmativa) así que dennos un pase libre a esta indulgencia traviesa (preferencia por los legados). Después del fallo del tribunal, esa posición ya no era sostenible.

Además, la preferencia por el legado es enormemente impopular: el setenta y cinco por ciento de los estadounidenses se opone a esta práctica , incluidos casi el mismo número de demócratas y republicanos. Es un tema poco frecuente que cuenta con apoyo bipartidista.

De hecho, las universidades de élite también son cada vez más impopulares. Sólo el 36 por ciento de los estadounidenses tiene una confianza significativa en la educación superior. "El apoyo de Harvard está en un mínimo histórico" .

Dado que la mayoría de las universidades de élite no actúan por sí solas, los responsables de la formulación de políticas han comenzado a asumir el problema ellos mismos. Media docena de estados están considerando eliminar de alguna forma la preferencia por legados y las propuestas están obteniendo un amplio apoyo. La prohibición recientemente promulgada por Virginia sobre la preferencia por legados en las universidades públicas fue aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado . Colorado puso fin a la práctica en 2021. Ahora California, que a menudo marca tendencias a nivel nacional, está avanzando con un proyecto de ley dirigido a las universidades privadas. A nivel federal, hay una denuncia de derechos civiles contra Harvard que actualmente está siendo investigada por el Departamento de Educación.

Aun así, las noticias han sido en gran medida sombrías para los estudiantes de color socioeconómicamente desfavorecidos.

En abril, la Universidad de Duke anunció que pondría fin a un programa de becas para estudiantes negros, aun cuando continúa con la preferencia por el legado, ya que, dice, “ los lazos familiares que abarcan generaciones son una parte valiosa de nuestra tradición”.

La Universidad de Brown convocó recientemente un comité para examinar sus prácticas de admisión a la luz de los "compromisos de Brown con la excelencia académica, el acceso y la diversidad". ¿Sus recomendaciones? Además de mantener el apoyo a los “solicitantes con conexiones familiares”, el comité pidió que Brown continúe ofreciendo una decisión temprana (a pesar de su conocido impacto negativo en los estudiantes de bajos ingresos y de color) y que vuelva a exigir pruebas estandarizadas.

El SAT había caído en desgracia durante la pandemia en medio de crecientes preocupaciones de que estaba alimentando la desigualdad. Después de todo, los estudiantes adinerados tienen muchos más recursos para gastar en lo que se ha convertido en un complejo industrial de preparación de exámenes. Pero ahora el examen ha vuelto con fuerza , con Dartmouth y Yale entre las escuelas que restablecieron el requisito del SAT. Algunas universidades como Yale sostienen que el regreso del examen promueve los intereses de los estudiantes de bajos ingresos con talento académico, pero es difícil tomar esta afirmación en serio cuando han redoblado la apuesta por las preferencias de ALDC.

Además, los datos sugieren en líneas generales que el SAT beneficia aún más a los ricos. Un destacado estudio reciente mostró que los estudiantes de familias en el 1 por ciento superior de la distribución de ingresos tienen 13 veces más probabilidades que los estudiantes del quintil inferior de alcanzar 1300 en el examen. También es mucho más probable que cuenten con la ayuda de un asesor de admisiones privado, que cobra decenas de miles de dólares .

Poco después de que la Corte Suprema emitiera su decisión en el caso SFFA , el entonces presidente de Harvard, Larry Bacow, dijo que la universidad preservaría sus “valores esenciales”. Ahora está claro cuáles son estos valores esenciales: solidificar el estatus de los ricos y de los más ricos.

(*) Es escritor colaborador de la revista POLITICO y profesor de la Facultad de Justicia Penal John Jay, donde investiga y escribe sobre desigualdad y educación superior. Es el autor de Poison Ivy: Cómo nos dividen las universidades de élite.

Nota de opinión publicada en Politico,com de fecha 25 de junio ded 2024.