La Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad aprobó este miércoles un pedido de informes presentado por el diputado provincial radical Claudio Frangul que pide la reglamentación necesaria para poner operativa la ley 15.409 y que se asigne presupuesto al organismo a cargo de la aplicación de la norma.

El platense "boina blanca" Frangul afirmó que: “la asistencia de un perro guía es una herramienta que le da a las personas la posibilidad de tener autonomía para trasladarse y  garantizar otros derechos en su vida diaria.  Necesitamos que el Gobierno provincial si o si asuma su parte para ayudar a estas personas a romper con las barreras de accesibilidad”.

La ley 15.409, promulgada en enero del 2023, reconoce y garantiza el derecho a acceder y permanecer en espacios de uso público en compañía de un perro de asistencia a toda persona con discapacidad o que por alguna condición así lo requiera. Hasta la fecha no ha sido reglamentada por el gobierno de Kicillof. Sin autoridad de aplicación designada no hay nadie que se dedique a hacer respetar esta norma.

Frangul, presidente del Bloque de diputados del radicalismo y el GEN, explicó que: “tiene que quedar claro que estos perros no son de compañía ni mascotas, son animales de asistencia técnica que reciben una formación integral a cargo de profesionales durante seis meses. En todo el mundo está ampliamente reconocido el derecho de acceso público a los perros de asistencia de personas con discapacidad o personas con una condición del espectro autista. Las leyes garantizan este  derecho pero reconozcamos que no se cumple, porque falta concientización, información, faltan campañas de difusión”.

Frangul sostuvo que:  “en diálogo con Santiago, usuario de un perro guía, me relató varias situaciones en las que no le permitieron acceder a un transporte público o a algún negocio con su perro de asistencia. Además me extendió su preocupación por los problemas presupuestarios de la escuela de entrenamiento de dichos animales.  Por eso voy a seguir insistiendo en pedir campañas de concientización y difusión, que el gobierno provincial asuma su responsabilidad, la de garantizar los derechos de todos los ciudadanos con discapacidad”.