La decisión fue de la sala III del máximo tribunal penal del país, que desestimó un recurso de queja de Macri contra su procesamiento y además confirmó al juez federal Norberto Oyarbide al frente de la causa, según fallos dictados ayer y a los que hoy accedió Télam.

 Macri tiene procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña, que lo consideró responsable del aparato de inteligencia ilegal montado al amparo de la estructura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para escuchar ilegalmente a distintos afectados.

 En el caso puntual del jefe de Gobierno, está procesado por las escuchas a su cuñado, el parapsicólogo Néstor Leonardo y al familiar de víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein.

Los camaristas Eduardo Riggi, Raul Madueño y Ana María Figueroa advirtieron que la queja de los abogados Santiago Feder y Ricardo Rosental contra el procesamiento sin prisión preventiva "no resulta equiparable a sentencia definitiva".

"La resolución atacada no tuvo como consecuencia directa la de poner fin a la acción, ni a la pena, ni hacer imposible la continuación de las actuaciones, ni esencialmente es de aquella que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena", argumentaron en tanto que Figueroa, en un voto aparte, agregó que la defensa de Macri no pudo probar que su procesamiento haya configurado un hecho de "gravedad institucional".

Y en base a doctrina de la Corte Suprema de Justicia, ratificaron que un procesamiento sin prisión preventiva "no resulta equiparable a una sentencia definitiva" y por ende no es tratable en Casación.

El recurso de queja de Macri llegó al máximo tribunal penal el 10 de setiembre de 2010 y desde entonces Oyarbide esperó una decisión para elevar el caso a juicio, algo que comenzó a tramitar hace dos semanas por entender que se había agotado el "plazo razonable" en lo atinente a la resolución de los planteos de Macri.

 Casación no trató el tema antes porque en todo ese lapso no pudo conformar una sala para abordarlo, luego que dos camaristas que antes la integraban, Liliana Catucci y Angela Ledesma, dejaron de intervenir en el caso.

La primera se apartó por entender que ya había adelantado su postura contraria a un procesamiento por asociación ilícita en un voto minoritario cuando se resolvió a situación de otro procesado en la causa, el ex comisario de la Federal y ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios y Ledesma por haber ejercido la presidencia de la Cámara durante todo el año pasado.

En otro revés de su estrategia de defensa, los mismos jueces rechazaron una recusación planteada contra Oyarbide, a quien Macri cuestionó en base a dichos del ex senador del PJ Héctor Maya, quien habría afirmado que el juez una vez le dijo "A Macri me lo llevo puesto".

"No se observa ni se ha demostrado la afectación de garantías constitucionales que den sustento" a la recusación, sostuvo el juez Madueño.

Y su colega Figueroa, recién nombrada en la Cámara, consideró que el mecanismo para apartar jueces de una causa no debe ser utilizado "para que el justiciable haga variar a su gusto qué magistrado desea que intervenga, en nuestro país no se implementó el juicio por jurados para que los sujetos sometidos a proceso elijan a sus juzgadores en cada caso".

En una tercera resolución rechazaron otro recurso donde se cuestionaba a Oyarbide por no hacer lugar a un pedido de prueba de la defensa vinculado a identificar al autor del llamado anónimo que dio origen al caso, al alertar a Burstein sobre la escucha de la que era objeto.

La causa va rumbo a juicio oral y ya tres querellas entregaron escritos a Oyarbide manifestándose a favor del cierre de la pesquisa y su envío a un tribunal.

Actualmente el planteo está a estudio del fiscal federal Jorge Di Lello y luego de su dictamen, las defensas tendrán oportunidad de expedirse acerca del envío de la causa a juicio.

Oyarbide procesó a Macri, al ex comisario Palacios, al ex empleado del Gobierno de la ciudad y sindicado como ejecutor de las escuchas Ciro James, el ex juez de Misiones José Luis Rey, su ex secretaria Mónica González y los policías Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana.

Durante la investigación iniciada por un llamado anónimo donde se le advirtió a Burstein que por "orden de Palacios" escuchaban su teléfono, se dio por probado que Palacios y James montaron un aparato de inteligencia paralelo usando infraestructura del Gobierno de la Ciudad para escuchar a distintos afectados como empresarios, políticos y hasta al familiar de AMIA.

 Para ello James uso contactos en la Justicia y policía de Misiones y obtuvo órdenes judiciales para intervenir teléfonos de supuestos sospechosos en la causa por el asesinato de un odontólogo y así la SIDE escuchó a Burstein, a Leonardo y otros.

Los casetes eran retirados por James de las oficinas de la Secretaría de Inteligencia mientras cobraba un sueldo de 6.000 como asesor del Ministerio de Educación de la ciudad, donde no pudo probar ejercer función alguna.

Tanto él como Palacios estuvieron detenidos en la causa y fueron excarcelados por la Cámara Federal.