Es que aunque Kicillof venga posando de cabeza de la oposición e incluso denuncie el ajuste del gobierno nacional, la realidad es que él mismo ha enviado un impuestazo contra los trabajadores, un recorte presupuestario monstruoso y un salto en el endeudamiento, replicando en provincia la motosierra de Milei. Incluso ha copiado la forma de operar del ultraderechista.

Impuestazo contra las familias trabajadoras

La Ley Impositiva golpea de lleno a las familias bonaerenses, con aumentos que van del 140% al 300% en el impuesto inmobiliario urbano y de 140% a 270% en el automotor.

El argumento de que adecúa los impuestos a la inflación es incongruente. No es un impuesto a la actividad económica, sino a la economía personal. Y un trabajador que pueda tener una casa o un auto no tiene un crecimiento proporcional de ingresos. Mientras crece la inflación y las tarifas, se le suma un impuestazo. Esto, con el agravante del artículo 138 de la ley establece que estos aumentos puedan ser luego a su vez incrementados bajo la potestad de Arba, o sea del gobernador.

Fuera de ello se mantiene una estructura impositiva que, contrario a lo que afirma el ministro de Economía Pablo López, es regresiva. En primer lugar porque más allá de las modificaciones en las alícuotas del inmobiliario rural sigue sin realizar el revalúo fiscal que fue frenado hace más de una década por la presión de los terratenientes, y mantiene así subvaluadas las tierras de la zona núcleo, tasadas hasta en la décima parte del valor real de mercado de las propiedades. Sin modificar esto, los topes que instalan Kicillof y López para jactarse de progresividad son una estafa. Un 140% de aumento para un trabajador con vivienda única es un montón, en medio de la pérdida de poder adquisitivo con la inflación; mientras que el 300% a un terrateniente o productor de soja será absorbido con creces por la mejora sideral de sus ingresos por la devaluación y la liberación de cupos a la exportación, que harán subir el valor de su propiedad.

La principal fuente de financiamiento de la provincia es el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que las empresas trasladan de forma directa a los precios de prácticamente todos los productos y servicios. El proyecto de ley también incluye con el impuesto a las tarjetas de crédito de un 1,2% en los resúmenes, el mismo que fuera derogado este año en CABA con el voto de los kicillofistas porteños.

Cabe destacar que se continúa con las exenciones impositivas a patronales de la industria y del campo. Es justamente lo contrario a establecer un esquema impositivo progresivo, que debería partir de una mayor carga sobre las grandes rentas y fortunas afectando las propiedades del campo, de los especuladores inmobiliarios de las ciudades, de los bancos y de la industria.

Ley ómnibus de Kicillof: megaendeudamiento y mucho más

El segundo proyecto es la "ley ómnibus". Se ha difundido que el gobierno solicita autorización para tomar el equivalente a 1.800 millones de dólares, pero el monto real es de casi el doble si se le suma la habilitación para emitir Letras del Tesoro por 300 millones de dólares y que se vuelven a pedir saldos no utilizados de autorizaciones de endeudamiento aprobadas para los gobiernos de Scioli y de Vidal, que ascienden a casi 800 millones de dólares. Serían en total unos 2.900 millones de dólares, y según el propio mensaje del gobernador irán destinados en lo esencial a afrontar vencimientos de deuda en 2024. Una vez más, la bola de nieve de contraer nueva deuda para pagar vieja deuda, capitalizando los intereses y aumentando la hipoteca de la provincia. Los prestamistas, las tasas y las condiciones de este endeudamiento quedan todas sin definir, a discreción del Ejecutivo.

Además, esta ley "ómnibus" plantea la extensión de la declaración de emergencia en distintas materias, otorgando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Prorrogando el Presupuesto 2023 se licúan completamente con la inflación las asignaciones para insumos, gastos y mantenimiento de los servicios públicos. Mientras la recaudación nominal obviamente crecerá con la suba de precios, esta no queda atada a sostener las necesidades de los bonaerenses en salud, educación, vivienda y obra pública, sino bajo el arbitrio de un gobierno cuya obsesión es el pago de la deuda. La ley también prorroga la devolución de deudas municipales a la provincia, licuando los fondos provinciales como moneda de cambio para que los legisladores opositores acompañen la ley.

Otro capítulo importante de la ley es la creación de dos sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal relacionadas a la salud: una empresa dedicada a las emergencias en salud y la creación de un "Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense". Este último, según el texto del proyecto, asumiría gran parte de las funciones que hoy tiene el Instituto Biotecnológico Dr. Tomás Perón, como la fabricación de medicamentos e insumos y la participación en el control de calidad de los mismos, de alimentos y del agua. Es decir que luego de fracasar en el intento de transformarlo en una Sociedad de Estado como primer paso hacia la privatización, por la lucha de sus trabajadores, el gobierno de Kicillof opta por crear una sociedad anónima con participación de empresarios del sector que asuma sus funciones y avanzar de hecho en el cierre del Instituto Biológico. Es particularmente grave que una empresa con intereses en común con privados sea la encargada de control de la producción de los bienes que llegan al público. El zorro queda a cargo del gallinero.

El proyecto también modifica la carta orgánica del Banco Provincia, favoreciendo un mayor acceso al crédito a privados y exportadores, aumentando el patrimonio que tiene permitido comprometer a tal fin. Se coloca el BaPro al servicio de los empresarios, mientras por ejemplo carece de una línea significativa de créditos hipotecarios en una provincia con una carencia habitacional de dos millones de habitantes.

Rechacemos el ajustazo provincial y nacional contra los trabajadores

El paquete de leyes y medidas que pretende aprobar Kicillof lo muestra ejecutando una variante del ajuste del gobierno nacional. Detrás de los desplantes discursivos y las quejas por los fondos de coparticipación, nos encontramos con un plan provincial de ajustazo, impuestazo y megaendeudamiento.

Los trabajadores no podemos alinearnos detrás de este plan, como proponen los sindicatos adictos al gobierno bajo la extorsión de que "sin endeudamiento ni impuestazo no hay salario". Es necesario deliberar una política independiente de los gobiernos, que ponga en primer plano los reclamos pendientes de los trabajadores. Por un salario mínimo igual a la canasta familiar indexado por inflación, por el 82% móvil para todos los regímenes jubilatorios, por la defensa de la educación y salud públicas frente al desfinanciamiento nacional y provincial, y por todos los reclamos populares.

Es en ese sentido que el legislador provincial Guillermo Kane, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, anticipó que votará "en contra de ambas iniciativas, al tiempo que llamamos a acompañar activamente los cacerolazos y las manifestaciones en contra del ajuste provincial y nacional y reclamamos un paro activo nacional de la CGT y la CTA para que los trabajadores irrumpan en la crisis con sus reclamos. Kicillof quiere polarizar con Milei criticando su política de ajuste, pero en los hechos quiere aplicar su propia variante de ajuste en la provincia".