Mientras Europa del Este vuelve a estar en el centro de los temores de una posible tercera guerra mundial con tintes nucleares y consecuencias impensadas, por la invasión de Rusia a Ucrania (que comenzó con el pretexto de proteger provincias separatistas pro rusas para después anunciar la intención de tomar todo el país para que no se le ocurra ejercer su soberanía e integrarse a la OTAN) en nuestro país se sufre una guerra diaria que nos hace convivir con la derrota estructural.

Aquella gran guerra es televisada y atravesada por las redes sociales, permeándonos hasta paralizarnos con estupor por cadáveres desmembrados y ciudades convertidas en cenizas, es la continuidad de la geopolítica por las peores vías; nuestra guerra diaria, que es el flagelo de la drogadicción, es la consagración de las inequidades de una pobrezas estructural, que hunden en la marginalidad a millones de argentinos.

La guerra en Europa puede tener derivaciones nucleares. Esto afectará al presente y al futuro de varias generaciones. Pues bien, nuestra guerra, la del consumo de droga alentado por el narcotráfico y viceversa, con las expresiones menores pero igual de preocupantes como el narcomenudeo, ya afectan el presente y queman las expectativas de futuro de millones de argentinos.

Argentina es el segundo país de Sudamérica en consumo de drogas. Y el consumo de drogas no es el consumo como distracción, como enfermedad o ambas cosas. Es el consumo con sus consecuencias de vida.

Después se puede hilar más fino sobre qué tipo de drogas, la calidad y mezclas que se vienen generando, lo cual es más decadente en términos de debate. ¿Seríamos mejor país si los marginales tomaran cocaína pura en lugar de fumar la resina basura que es el paco? ¿Cuida más a la población el gobierno que controla la calidad de la droga en lugar de prevenir su consumo? Por eso, para no pauperizar más el debate sobre las políticas públicas profundas frente al flagelo del narcotráfico, los análisis cualitativos hay que dejarlos de lado. Si no, el Estado terminará creando la oficina de control de calidad de estupefacientes y drogas, acompañando las normas penales punitivas de acuerdo a lo que se consumió para cometer un delito. Y bienvenidos a la jungla.

El problema es que con el actual esquema normativo y con el poder de policía del Estado en todas sus órbitas, el horizonte parece no ser promisorio. Si el esqueleto de leyes penales y de salud son los que sostienen la convivencia ciudadana y el cuidado personal integral, estas son algunas las dos principales conclusiones simplistas en las que desembocan: la drogadicción es una enfermedad que afecta la voluntad y conducta de las personas y por ende actúa como atenuante ante cualquier delito; la persona afectada por el consumo de drogas mantiene los derechos sobre si misma a decidir cuándo y cómo tratar su enfermedad.

Tanto la conclusión penal como la de salud mental, sostenida sobre las leyes vigentes, plantean una encerrona que llevó paulatinamente al Estado a desentenderse de una visión integral del consumo de drogas, para concebirlo como un problema particular a lamentar. Dejó de ser un problema de salud pública para ser un conflicto interno de cada persona en su infierno.

El pensamiento garantista le ganó la pulseada al punitivismo. No se puede castigar penalmente a quien ya está castigado por una enfermedad; y menos quitándole la potestad a decidir sobre su cuerpo. El problema es que quien pierde conciencia por el consumo de drogas decide sobre el cuerpo de otros inocentes. Esto se refleja cada vez más en el incremento de delitos a manos de personas consumidas; que que no pueden manejar sus vidas pero terminan con las de otros sin miramientos.

Como telón de fondo, este año comenzó con la noticia resonante de una veintena de muertos por consumir cocaína adulterada; veneno sobre el veneno. Las escuchas de la policía confirmaron que era una "mezcla de prueba" traída desde Colombia. Aquella vieja discusión sobre si somos un país productor o de paso de la droga, ahora tiene otra arista; somos un país de prueba. Al tener una moneda sobredevaluada, prueban basura cortada en barrios marginales, para ver si puede escalar. Y las esperanzas de cortar lo ocurrido se esfuma cuando te enterás que todo lo maneja desde la cárcel un viejo dealer de San Martín; ni las rejas cortan el negocio. De mal en peor.

En medio de este panorama decadente y triste, cabe hacerse una pregunta retórica. Sin eufemismos. Sin imposturas represoras ni caretaje garantista. Va al sistema nervioso central del Estado. ¿Puede el Estado combatir la producción y comercialización de un producto (droga) cuyo consumo no persigue y hasta protege?