El gobierno bonaerense endureció su postura frente al conflicto que viene llevando adelante el gremio judicial. Y en una medida que significa prácticamente cerrar la negociación salarial, resolvió liquidar por decreto el aumento que había rechazado el sindicato por considerar que no se enmarcaba en la recuperación del sistema Porcentual.

De esta forma, la administración de Daniel Scioli liquidará con los haberes de este mes, en forma retroactiva a marzo, un aumento salarial con impacto disímil según las categorías. En efecto, para los sectores más bajos del escalafón (de las categorías 6 a la 14), la mejora será del 26%, mientras que para las categorías 15 a la 19,5, el aumento trepará al 24%. Para los jueces, en tanto, será del 21%.

Esta oferta había sido rechazada por el gremio en las asambleas que se llevaron a cabo el martes en las distintas Departamentales, una día después de que fuera puesta en la mesa de negociación que encabezaron varios ministros del gobierno de Daniel Scioli.

La decisión de liquidar el aumento por decreto fue confirmada a este diario por funcionarios de la Gobernación e implica dar virtualmente por cerrada la negociación con la Asociación Judicial Bonaerense que hoy tiene previsto un nuevo paro de actividades con movilización a Casa de Gobierno.

El gremio rechazó la oferta porque pretende que la Provincia firme un compromiso para ir recuperando en etapas la Porcentualidad, el mecanismo que engancha, en distintas escalas los sueldos de empleados y jueces con los ingresos de los ministros de la Suprema Corte.

Pero los funcionarios sostienen que la aplicación plena del enganche le demandaría una inversión de casi 2.500 millones de pesos, un monto que, aseguran, es imposible de alcanzar para el fisco provincial.

En tanto, los abogados de La Plata expresaron ayer su "profunda preocupación" por la evolución del conflicto salarial en la Justicia y anticiparon que evalúan la presentación de un recurso de amparo para que se restablezca la atención en los tribunales, seriamente afectada desde hace varias semanas.

Los profesionales nucleados en el Colegio de Abogados local señalaron que están "autoconvocados" por la "gran demora" en los expedientes judiciales producto de los paros, lo que "perjudica la actividad de los abogados y también el acceso a la Justicia de los ciudadanos".

Así lo expresó el vicepresidente del Colegio Fernando Levene, quien no descartó que se pida la "emergencia" en el sistema de Justicia e iniciar una acción legal a los tres poderes del Estado para la reglamentación del artículo 39 inciso 4 de la Constitución provincial, que establece la creación de un organismo imparcial encargado de mediar en los conflictos entre el Estado y los gremios.

"Estamos muy preocupados y en alerta. La semana pasada, a pesar de las medidas de fuerza, todavía no veíamos una paralización, pero ahora en varios fueros importantes, sobre todo en el de Familia, la situación se agravó", indicó Levene.

En ese marco el Colegio también presentó un pedido de suspensión de términos procesales que la Suprema Corte evaluaría hoy, ante la imposibilidad de cumplir con distintos trámites y presentaciones.

JI