Según el periodista Horacio Verbitsky en su columna dominical en el diario Página 12 "hay versiones que señalan que el plan era provocar la batahola mientras Mariotto estaba en el complejo y fue instigado por los hombres del Servicio Penitenciario". En el argot del submundo de las "fuerzas de seguridad" y del "delito" a los miembros del Servicio Penitenciario de los conoce como "candados" y los miembros de la policía bonaerense como "patas negras".

Horacio Verbitsky, en la nota contó "personas detenidas en el régimen abierto del Complejo Penitenciario Conurbano Norte entregaron al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto una gigantesca cuchilla y dos facas y acusaron de proveérselas a dos subdirectores de la Unidad Penitenciaria 47, los prefectos Roberto B. Arancibia (de Asistencia y Tratamiento) y José Feliciano Burgos (de Seguridad)".

"Agregaron que con esas armas debían atacar a otro interno, que había denunciado maltratos anteriores por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ese fue el sorpresivo final de la inspección que Mariotto realizó el jueves, acompañado por autoridades judiciales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el acto de entrega de las armas también estuvo presente la víctima contra quien debían usarse, Hugo Alberto Cabrera González, a quien llaman El Ñaca, quien reside en otra casa del régimen abierto y había presentado denuncias por abusos del personal. El día anterior se había producido una reyerta entre los habitantes de dos de las viviendas. Conocido como 'Las casitas de Casal', el régimen abierto es el diamante que esgrime el gobierno bonaerense ante cada denuncia que se presenta contra el sistema penitenciario realmente existente. La CPM presentó un hábeas corpus correctivo en el que solicita urgente remedio al cuadro constatado, de hacinamiento, mala alimentación, carencia de asistencia médica y tratos crueles y degradantes y la presencia de peritos ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales para determinar las medidas correctivas imprescindibles en materia de espacios disponibles, condiciones edilicias, cuestiones de seguridad de las instalaciones eléctricas e hidráulicas; enfermedades debidas al hacinamiento y la coexistencia con heces y orines; efectos psicológicos del hacinamiento y la violencia de las condiciones de vida", también escribió el "periodista militante" en la nota.

"Mariotto prometió que volvería en un par de semanas al complejo con un batallón de médicos, odontólogos, oftalmólogos, asistentes sociales, ingenieros y plomeros, que den vuelta como un guante la situación vejatoria en que viven los reclusos y cuyo efecto final es un incremento de los niveles de violencia en las calles en ocasión de robos. También buscará remedio para el problema de la falta de documentación de muchos internos, cuyos documentos son devueltos por el correo y luego destruidos porque no hay nadie para recibirlos en su domicilio y el otorgamiento de los planes sociales que corresponda para los familiares de los detenido, ya sean Asignaciones Universales para sus hijos o moratorias previsionales para sus padres", continuó Verbitsky.

"La presencia del Estado para atender las necesidades sociales de las personas privadas de su libertad y sus núcleos familiares es también una política de seguridad", dijo el vicegobernador durante la visita a la Unidad Penitenciaria 47.

"Cuando el vicegobernador llegó junto con sus acompañantes, las autoridades penitenciarias intentaron demorarlo con una reunión protocolar en el despacho del director de la U-46, inspector mayor Ramón Giménez, durante la cual barrerían bajo la alfombra las situaciones más difíciles de ocultar y justificar. Mariotto declinó la invitación y se dirigió a los sitios que deseaba inspeccionar: los pabellones de Separación del Area de Convivencia (SAC), de Admisión (Nº 1), Nº 7 del sector masculino y Nº 12 del femenino, entrevistando a cada una de las personas allí alojadas", tambén contó Horacio Verbitsky.

"En el pabellón colectivo los visitantes se reunieron en forma simultánea con todos los detenidos, quienes narraron sus principales problemas. Casi sin excepciones reclamaron por la demora de sus causas (ocho de cada diez presos en la provincia no tienen sentencia firme), la falta de atención médica y odontológica, las inicuas condiciones de su alojamiento, la falta de elementos de limpieza pata los pabellones, la mala comida que le dan, la falta de agua potable y la discrecionalidad del Servicio Penitenciario que decide por sí y ante sí quiénes pueden estudiar en el colegio secundario de la unidad o trabajar en sus talleres", también explicó en la misma nota.

Represalias

"Mientras el secretario de ejecución penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolatti, redactaba un acta con la entrega de las facas, Mariotto les ordenó al jefe del Complejo Penitenciario, Inspector Mayor Héctor Uncal, y al Director General de Seguridad del SPB, Mario Mazzeo, la separación inmediata de los oficiales acusados, mientras se sustancian la causa judicial y las actuaciones administrativas y que no hubiera traslados ni otras represalias contra las personas que habían hablado con él y sus acompañantes. El fiscal Marcelo Sendot abrió una Investigación Penal Preparatoria y responsabilizó por la integridad física de los denunciantes a la directora del SPB, Florencia Piermarini" resaltó Horacio Verbitsky.

Y luego contó "la visita se extendió desde las 11 hasta las 15 del jueves A las 17 se produjo lo que el Servicio Penitenciario describió como una 'revuelta generalizada' entre detenidos en el pabellón 9 de la Unidad 48 del mismo complejo, una unidad que el vicegobernador no visitó. Juan Romano Verón resultó muerto de un puntazo con una faca similar a la secuestrada y otro hombre fue herido. Los primeros testimonios sostienen que el personal del SPB instigó el enfrentamiento y lo observó en forma pasiva. Una versión sostiene, incluso, que el plan era provocar la batahola mientras Mariotto estaba en el complejo. La obvia intención de los penitenciarios es atribuir el episodio que ellos mismos provocaron a la intromisión del vicegobernador, la Justicia y los organismos defensores de los derechos humanos".