La primera semana de julio, el gobierno nacional difirió por un año y por decreto la licitación para el dragado y balizamiento del tramo argentino del Paraná y el Río de la Plata, canal natural del 80% de las exportaciones y de gran parte de las importaciones de nuestro país.

Como será la Administración General de Puertos la que, durante ese período, cobre el peaje a los buques -tarea que durante 25 años realizó la concesionaria privada Hidrovía S. A., que realizaba el dragado y balizamiento y a la que ahora se revocó la concesión-, resonó de un lado y del otro del arco político (y mediático) que se trataba de una "estatización", y la medida fue celebrada por unos y denostada por otros como tal.

Lo primero que hay que saber es que la Hidrovía debe permanecer operativa los 365 días del año para no interrumpir las exportaciones, el abastecimiento y, en suma, la economía nacional, y que el Estado argentino, aunque se haga cargo administrativamente, no cuenta hoy con los recursos técnicos para garantizar su navegabilidad; y por eso deberá concesionar provisoriamente la tarea a una o más empresas privadas, nacionales o extranjeras, con experiencia y capacidad para hacerlo.

Esa necesidad no significa una "entrega", como se oyó decir. El control estatal de la Hidrovía es imprescindible para evitar delitos como el contrabando o el narcotráfico, pero hacerse cargo del mantenimiento implicaría crear una empresa de la envergadura de YPF, lo cual no parece posible en un corto plazo; menos aún si hay empresas en condiciones de hacerlo.

Y lo segundo que hay que saber, quizá lo principal, es que hoy la Argentina mantiene la Hidrovía para que allí operen sólo las flotas de carga extranjeras, que piden miles de millones de dólares anuales para que los argentinos podamos exportar. Hoy una nación que exporta más de 100 millones de toneladas anuales como la nuestra no tiene flota mercante, y su industria naval está ociosa, porque hace tres décadas que no tiene un régimen fiscal y crediticio para el sector. Este es el toro que hay que tomar por las astas, y no requiere de una gran inversión, sino de decisión política. Sin esto, cada discusión sobre la soberanía argentina en las aguas territoriales seguirá sonando vacía.

(*) Julio González Insfrán es capitán fluvial y secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la República Argentina