El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lamentó que los acreedores hayan discontinuado las conversaciones restringidas y sigue convencida que el paso del tiempo sin un acuerdo no beneficia a ninguna de las partes y por eso está dispuesta a seguir dialogando para arribar a términos y condiciones que permitan una reestructuración exitosa de la deuda. Esto es lo que se ha transmitido a los acreedores, quienes sin embargo optaron por interrumpir el diálogo y discontinuar los intercambios restringidos.

La Provincia de Buenos Aires necesita condiciones sostenibles para su deuda a fin de atender a las enormes necesidades sociales de sus habitantes, independientemente de las soluciones que encuentren otras provincias. Esta es una solución que requiere de dos partes, la Provincia sola no puede resolverlo sin la voluntad de los acreedores que hoy parece no estar, desde que se retiraron con el argumento que a la provincia de Buenos Aires se le está cediendo más que al resto de las provincias. Cada provincia tiene distintas necesidades y distinta estructura de deuda. La comparación que están haciendo denota, en todo caso, desconocimiento de esas realidades.

Los términos indicativos que la Provincia envió a los bonistas el día 28 de mayo fue en respuesta a indicaciones de términos financieros enviadas por bonistas el 24 de mayo. Al contrario de lo que es usual en estas negociaciones, ante las mejoras ofrecidas por la Provincia, el 4 de junio los bonistas se limitaron a reiterar lo comunicado el 24 de mayo, sin cambio alguno.

Más allá de esta falta de aportes constructivos, cuando la Provincia planteó la necesidad de abordar las diferencias que aún persisten, que tienen impacto sobre el resultado, y que requieren de una discusión, los acreedores se negaron a extender las conversaciones restringidas, planteando que no había margen alguno para seguir conversando.

Tampoco es cierto que los flujos de pago entre ambas propuestas sean los mismos. Por ejemplo, el cupón máximo propuesto por los acreedores a partir de 2025 es de 7,125% o 6,75%, según los dos escenarios contingentes que plantean sin mayor explicación, y el propuesto por la Provincia asciende a 6,25% para el mismo período, provocando diferencias entre el compromiso de flujo de pagos anuales que pretenden los bonistas respecto de aquel que indicó la Provincia, las cuales quedan disimuladas bajo una supuesta reducción contingente de cupón o el tipo de cambio utilizado. Esta cuestión, entre otras, requieren de negociaciones adicionales entre la Provincia y los acreedores, es más, la propuesta de los acreedores incluye pagos contingentes bajo eventuales requerimientos de cumplimientos de hitos ambientales (ESG) que nunca fue explicada y que impide a la Provincia tener certidumbre sobre los pagos de deuda.

La Provincia mostró voluntad de trabajar las diferencias que aún persisten, pero no tuvo respuesta de los acreedores que pidieron discontinuar las conversaciones restringidas. La Provincia sigue abierta al diálogo y a encontrar una solución consensuada.