La exposición de las funcionarias se enmarca en una serie de conversaciones que se vienen llevando adelante entre representantes de ambas cámaras con el objetivo de articular un proyecto legislativo sobre esta problemática que afecta a más de 12 millones de mujeres y personas menstruantes en el país.

"Es muy positivo que estemos trabajando en una política pública transversal e interseccional que busque reducir las desigualdades generadas por las barreras económicas en el acceso de productos de gestión menstrual", señaló Gómez Mirada. En ese sentido, la funcionaria destacó el trabajo coordinado que, desde julio del año pasado, se lleva adelante desde distintos ministerios y organismos públicos para relevar las acciones de gobierno y las iniciativas legislativas provinciales y municipales que abordan este problema. "Las toallitas, tampones y copas menstruales son un costo económico extra para las mujeres y personas que menstrúan y el acceso desigual a estos productos tiene implicancias en la salud, el trabajo y la educación",  completó.

En el diagnóstico presentado, se detalla cómo la pandemia de COVID-19 reforzó las desigualdades económicas preexistentes y tuvo un impacto asimétrico sobre los trabajadores y trabajadoras informales, las mujeres y los y las jóvenes que perdieron empleos e ingresos. Al respecto, Gómez Mirada indicó que, en el contexto de la crisis sanitaria y económica, "empezamos a recorrer los territorios y muchas mujeres que trabajan en los merenderos nos comentaron que, por el costo económico de los productos menstruales, estaban utilizando otros elementos no aptos, como papeles y trapos".

En esta línea, D'Alessandro explicó que "antes de la pandemia las mujeres ya participaban menos en el mercado laboral, ganaban menos que los varones, tenían niveles de precarización más altos y mayores niveles de pobreza, y con la pandemia todo esto se recrudeció". "En los barrios nos encontramos con que muchas mujeres que perdieron sus fuentes de ingreso tienen que elegir entre comprar toallitas o tampones y tener un plato de comida en la mesa", enfatizó.

"Otro de los temas sobre los que hay que trabajar y generar conciencia es el impacto ambiental que tiene el uso de tampones y toallitas descartables", sostuvo por otro lado Gómez Mirada. Sobre esto, el informe detalla que las más de 12 millones de mujeres y personas en edad menstrual en Argentina producen por año más de 132 mil toneladas de basura no reciclable ni biodegradable y que el uso de un año de productos desechables deja una huella de carbono de 5.3 kg de equivalentes de CO2. "Es importante que, además de propiciar un acceso igualitario a estos productos, tomemos conciencia sobre el impacto ambiental y trabajemos en políticas que incentiven la producción de copas menstruales y toallitas de tela reutilizables", indicó la subsecretaria.

El documento fue realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, con los aportes e investigaciones de diversos equipos del Estado Nacional, entre los que se encuentran INDEC, AFIP, ANDIS, ANSES, la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial y la Subsecretaría de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores y la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios.