El diplomático también criticó al Reino Unido por "otorgar licencias para explorar zonas en conflicto y poner en riesgo de un accionar ilegítimo a las empresas que operan" y resaltó que la medida, anticipada por la presidenta Cristina Kirchner durante su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa, reafirma que "Argentina sólo va a recurrir al camino legal, a la espera de que se cumpla con la ley".

Durante la conferencia de prensa en el Palacio San Martín, el diplomático recordó la declaración firmada por Argentina y el Reino Unido en 1995, en la que se impulsaba a crear un marco de acción para resolver qué hacer con las actividades offshore en la zona de conflicto y los británicos se comprometían a no actuar de manera unilateral.

"Sin embargo, pocos días después el Reino Unido lanzó una licitación pública para buscar petróleo. Obviamente, ya tenían preparado el documento de la licitación, mientras negociaban con la Argentina no tomar decisiones unilaterales", criticó el canciller.

Desde entonces, la Argentina presentó varias denuncias por la ilegitimidad de las exploraciones en la zona de Malvinas, hasta que en 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner dio por finalizada la declaración conjunta. "Mostrando la frustración de intentar sentarse a dialogar sin encontrar respuesta", apuntó Timerman.

En ese contexto, el funcionario mencionó a las plataformas Ocean Guardian y Leiv Eriksson instaladas en 2010 y 2012, respectivamente, que en la actualidad realizan tareas de perforación.

Luego señaló a las cinco empresas petroleras que operan en la zona de conflicto: Argos, Rockhopper, Desire, Falkland y Borders & Southern. Así, comenzó a desplegar el "mapa del negocio petrolero" que lleva a desplegar las "ilegítimas actividades de exploración" en las islas.

El canciller anticipó, además, que la Procuración Nacional del Tesoro, la Comisión Nacional de Valores y una comisión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores serán las encargadas de llevar adelante las acciones administrativas y legales contra las empresas petroleras, logísticas y financieras "sin las cuales la actividad ilegítima no podría desarrollarse".

Timerman dividió las medidas de intimación que se llevarán adelante para poner al tanto a todos los actores intervinientes sobre "el peligro de llevar adelante operaciones ilegítimas" en tres niveles de "participación y responsabilidad".

En primer término estarán las cinco firmas que operan en la bolsa de valores de Londres y usufructan las "ilegítimas licencias". En segundo orden las empresas que ofrecen apoyo logístico, al menos siete, para las plataformas, y los buques de carga que las asisten.

Las empresas que brindan servicios financieros (bancos, brokers, analístas de riesgo) serán advertidas. "Están dando información que pueden llevar a las personas a cometer ilícitos y eso puede llevar a altas penas de acuerdo a las legislaciones financieras de los países más ricos", dijo el Canciller argentino.

"Vamos a obligar a estas empresas a informar sobre la violación de las leyes de la argentina y las resoluciones de Naciones Unidas", concluyó Timerman.