El oficialismo en el Senado aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia en los procesos de concursos preventivos y quiebras, estableciendo que solo alcanzará a las empresas que llegaron a esa situación producto de la pandemia.

La iniciativa fue la única de la sesión de este jueves que terminó en una votación dividida: recibió 41 votos a favor -del Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana- y 29 votos en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.

El proyecto había sido aprobado en Diputados el pasado 31 de julio, pero en el Senado el oficialismo demoró su tratamiento para analizar los alcances de la norma, y establecer que el beneficio no abarque a empresas cuyas presentaciones de quiebra hayan sido anteriores a la pandemia.

Las modificaciones refieren, entonces, a ampliar la emergencia hasta el 30 de junio de 2021 -el texto original estipulaba el 31 de marzo-; aclarar que serán beneficiarios quienes se declararon en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria; y exceptuar a quienes cometan ciertas operaciones financieras en el exterior.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón, indicó que las modificaciones fueron pedidas por muchos acreedores de las empresas que ya se encuentran concursadas o con pedidos de quiebra -entre ellos muchos pertenecientes al Estado nacional-, y también por Eduardo Hecker, titular del Banco Nación.

"De ninguna manera se modifica lo sustancial: que las empresas se recompongan, que tengan continuidad y que puedan realizar acuerdos con sus acreedores", sostuvo Almirón, y afirmó que "muchas de las empresas venían de crisis económicas con anterioridad, pero lo que busca la norma es morigerar los efectos de la pandemia".

Desde Juntos por el Cambio, la radical Silvia Elías de Pérez expresó un enfático rechazo: "Debemos apoyar la media sanción que viene de Diputados. No más dilaciones, no más vueltas. Estamos llegando tarde, es urgente que esto se transforme en ley".

La tucumana dijo que su interbloque "no está de acuerdo para nada con los cambios" porque "hay muchos concursos que empezaron antes de la cuarentena, y lo que queremos es que esas empresas no cierren, que puedan cumplir". "No hay una lógica que diga por qué quieren excluir a estas empresas", se quejó.

A su vez, Esteban Bullrich (PRO) opinó que "no hay ninguna racionalidad en esta decisión de modificar y limitar el alcance del proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en Diputados".

El legislador puso como ejemplo que "una empresa que el 19 de marzo acordó su concurso, ya con la pandemia declarada y algún atisbo de la cuarentena, está excluida de este proyecto", y del mismo modo, "una empresa que el 11 de diciembre cerró una serie de pagos pensando que la actividad iba a ser normal, también la agarró la pandemia".

El oficialista Oscar Parrilli denunció que la oposición, al reclamar la sanción de la ley tal como vino de Diputados, "en realidad lo que están diciendo es que hay que suspender la seguridad jurídica y no aplicar la Ley de Concursos y Quiebras porque gobernó el macrismo" y "no hay empresa que haya podido aguantar" en ese período. "Si las políticas que aplicaron desde 2016 generaron esta situación, ¿por qué insisten?", se preguntó.

Hacia el final del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sentenció que la nueva redacción "es una herramienta que poco sirve desde marzo en adelante, por la feria judicial".

"No sirve al mundo que queremos proteger. Las pymes significan en Argentina 11 millones de puestos de trabajo. ¿Qué culpa tienen las pymes de los errores económicos? En política se pagan; nosotros los pagamos y ahora somos oposición. Pero, ¿qué tienen que ver las pymes?", cuestionó Naidenoff, presente esta vez en el recinto.

Por el contrario, José Mayans, titular de la bancada oficialista, recordó que "en 2019 el 61% de las empresas entraron a concurso preventivo, y eso fue consecuencia del desastroso programa económico que teníamos. Era un show de concursos. Y ahora dicen que están preocupados por las empresas que ellos mismos fundieron".

Detalles del proyecto

Según la nueva redacción del artículo primero, se declara "hasta el 30 de junio de 2021" la emergencia "de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, cuya formulación se hubiese solicitado o peticionado a partir de que el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia sanitaria por medio del decreto 297/20, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien" desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.

Quedarán exceptuados "los sujetos que entre el período de sospecha que fija el artículo 16 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y hasta dos años siguientes de la entrada en vigencia de la ley realicen" una serie de operaciones, como "giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, o por cualquier otro motivo, mediante las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes o entidades (empresas, fideicomiso o similar) vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados".

También quienes realicen "erogaciones a países categorizados como no operantes o de nula o baja tributación" de acuerdo a lo descripto en la Ley de Impuesto a las Ganancias; "adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero"; y "constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período".

La iniciativa indica que durante el plazo que dure la emergencia se suspenderá el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley 24.522, en lo dispuesto al denominado "período de exclusividad" previsto en el artículo 43 de esa norma.

Se establece, además, que "en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma".

En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

También se suspenden "los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia".

Y se contempla la suspensión de "la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean", al tiempo que se prohíben "nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios". (parlamentario)